Buscan esclarecer casos de falsos positivos en el Meta

Un excomandante de la Séptima Brigada deberá declarar sobre más de 100 casos de falsos positivos que se efectuaron en el Meta entre el año 2002 y 2003.

Por Lina Herrera

Nuevamente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pone los ojos en los Llanos Orientales. Esta vez, en el auto 073 de 2024, que busca esclarecer los casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado en el Meta.

Quien debe rendir cuentas es el general (r.) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, excomandante de la Séptima Brigada, quien fue citado por la JEP, para declarar sobre más de 100 casos de falsos positivos en este departamento.

Es importante resaltar que el Batallón de Infantería N°21 ‘Pantano de Vargas’ (adscrito a la Séptima Brigada), ubicado en Granada, es la unidad militar que registra más investigaciones sobre falsos positivos en el Meta y por orden jerárquico Saavedra debe responder, como ya lo han hecho algunos oficiales, en especial el coronel (r.) Héctor Alejandro Cabuya.

En el 2023, la Procuraduría delegada ante la JEP expidió un documento en que revelaba que el Batallón 21 Vargas estaba siendo investigado por al menos 130 asesinatos de personas, pero que esa cifra podría ascender a 167, todos relacionados con falsos positivos.

“Se ha establecido que el general (r.) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz comandó la Séptima Brigada con jurisdicción en el departamento Meta, desde el 15 de diciembre de 2001 hasta el 10 de diciembre de 2003. Según la información de la que dispone la Sala, durante ese periodo efectivos del Batallón de Infantería No. 21, ‘Batalla Pantano de Vargas’, cometieron múltiples asesinatos y desapariciones forzadas, las cuales fueron reportadas de manera irregular como bajas en combate”, expone la Jurisdicción.

Asimismo, se indica que, en cuanto a la magnitud de la victimización, la ‘Sala De Reconocimiento De Verdad, De Responsabilidad Y De Determinación De Los Hechos Y Conductas’, encontró que datos expuestos ante la JEP por la Fiscalía General, ubican a la Cuarta División del Ejército Nacional, y en particular a las unidades militares con jurisdicción en el Meta, entre los primeros lugares a nivel nacional de reporte de supuestas bajas en combate cuya legalidad ha sido cuestionada.

Entre los hechos más destacados se encuentran 41 asesinatos que se efectuaron desde el 9 de febrero del 2002 hasta el 19 de noviembre del 2003, y tuvieron como escenario a los municipios de San Martín, Fuentedeoro, El Castillo, San Juan de Arama, Lejanías, Villavicencio, Puerto Lleras, Vista Hermosa, y El Dorado, dejando un total de 105 víctimas; entre estas, 31 personas sin identificar.

Cabe mencionar que, en las razones halladas por la JEP para solicitar llevar a cabo la jornada testimonial, está que, en el desarrollo de las operaciones militares en las que tuvieron lugar los hechos mencionados, se pudo involucrar las funciones de mando y control a cargo de Saavedra, como comandante de la Séptima Brigada.

Adicionalmente, el militar ha sido mencionado en diferentes informes y declaraciones sobre falsos positivos.

“En múltiples versiones voluntarias practicadas en el marco del subcaso Meta del Caso 03, se hizo referencia al señor Saavedra Sáenz o al ejercicio de las competencias propias del cargo que desempeñó en dicha unidad operativa menor, en relación con los sucesos analizados en el presente trámite”, indicó la JEP.

De esta manera, los días 1, 2 y 3 de octubre, el general (r.) deberá asistir a la diligencia de versión voluntaria acompañado por su defensor de confianza o solicitar la asignación de uno adscrito al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa.

Si se presenta el incumplimiento de Saavedra, se le podría impedir el acceso a tratamientos especiales de justicia o perderlos luego de haber sido otorgados, dependiendo de la gravedad.

Declaración en otros casos

Esta no es la primera vez que Carlos Ovidio Saavedra Sáenz pisa las instalaciones de la JEP. En el 2020, fue llamado a responder por el subcaso de Norte de Santander, en donde se involucraron hechos de ejecuciones extrajudiciales.

Aunque al igual que en el Meta, se expuso que en múltiples versiones voluntarias se mencionó al general (r.), este no aceptó su responsabilidad en ningún hecho.