Corte Suprema deja firme condena contra Víctor Bravo, exalcalde de Puerto López

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó de manera definitiva la condena penal en contra el hoy abogado excluido de la profesión  y exmandatario del municipio de Puerto López, Víctor Manuel Bravo Rodríguez, quien también ejerció el cargo de secretario de Gobierno del departamento del Meta durante la administración de Juan Guillermo Zuluaga.

Con ponencia del magistrado Gerardo Barbosa Castillo, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria decidió rechazar por improcedente el recurso extraordinario de casación interpuesto por Bravo, cerrando así toda posibilidad de apelación o una nueva revisión en la justicia ordinaria.

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Esta decisión representa la tercera y definitiva derrota jurídica para Bravo Rodríguez, quien pretendía impugnar el fallo proferido el 1º de julio de 2026 por la misma Sala de Casación Penal (sentencia SP640-2026).

En dicho pronunciamiento, la Corte ya había confirmado en su integridad la sentencia del Tribunal Superior de Villavicencio que lo halló responsable en calidad de autor material del delito de fraude procesal.

En esa ocasión le impuso una pena de 78 meses de prisión (6 años y 6 meses), una multa equivalente a 260 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 66 meses.

El tribunal basó su decisión de rechazo en que contra las sentencias emitidas por la Sala de Casación Penal en trámite de impugnación especial no procede el recurso extraordinario de casación.

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El origen de esta condena contra el exfuncionario de Juan Guillermo Zuluaga, se remonta al año 2008, cuando Bravo Rodríguez asumió la representación legal de la ciudadana Martha Patricia Ramírez Bonilla en un trámite de separación y disolución de la sociedad conyugal.

En el marco de dicha gestión, se liquidaron y entregaron cheques a favor de su cliente por una cifra de $900.000.000, correspondientes a la venta del predio denominado Tierra Prometida.

Posteriormente, el jurista recomendó a la víctima invertir sus recursos en bienes raíces. Sin embargo, el 2 de julio de 2009, un informe de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el jurista falsificó la firma de su clienta en un poder y en un contrato de cesión de derechos de crédito.

Dichos documentos falsificados fueron presentados dentro del proceso ejecutivo No. 1991-01009 en el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá, logrando engañar a la administración de justicia para obtener mediante remate la adjudicación conjunta del inmueble Yarima 4, ubicado en la vereda Tillavá del municipio de Puerto Gaitán.

La afectación económica y legal solo fue descubierta por la víctima en el año 2012. El proceso penal avanzó desde la formulación de imputación en 2015 hasta que en julio de 2021 el Tribunal Superior de Villavicencio revocó la absolución inicial dictada en primera instancia y emitió la primera condena.

Tras agotarse todas las etapas constitucionales y declararse ejecutoriada la sentencia, la sanción penal queda en firme de manera irrevocable.

Aún es incierto, dónde pagará la condena el exalcalde de Puerto López, si en prisión domiciliaria o en una cárcel de alta seguridad; lo anterior,  teniendo en cuenta las afirmaciones del presidente Abelardo de la Espriella cuando aseguró recientemente en una alocución , que los delincuentes de cuello blanco no se les debe tratar como una categoría superior, si no como corruptos y por consiguiente deben estar en cárceles comunes.

No obstante, varias fuentes consultadas en el municipio, dijeron que Bravo Rodríguez sigue teniendo incidencia política y económica en las administraciones de Puerto López y Puerto Gaitán, por lo que algunos sostienen que desde la cárcel seguirá teniendo influencia.