Justicia aleja a Víctor Bravo de la política

Al exsecretario de Gobierno del Meta y exalcalde de Puerto López le ratificaron una condena a 6 años y 6 meses de prisión, que está en apelación.

A menos de seis meses de las elecciones de Senado y Cámara de Representantes previstas para el domingo 13 de marzo de 2022, el abogado, Víctor Manuel Bravo Rodríguez, ve truncada sus aspiraciones a una curul en el Congreso de la República, por dos decisiones judiciales que lo alejan de postularse como candidato.

La primera, que ya era conocida, es la sentencia condenatoria a 6 años y 6 meses en prisión por el delito de fraude procesal y el pago de una multa pecuniaria de 260 salarios mínimos legales vigentes mensuales que deberá de pagar con cargo a la Jurisdicción Coactiva de la Rama Judicial.

El fallo es de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior de Villavicencio el pasado 9 de julio, pero está en trámites de apelación y por tanto no ha quedado en firme, hasta tanto vaya el caso a la jurisdicción penal de la Corte Suprema de Justicia para que modifique, anule, revoque o confirme, la actuación.

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La Sala Penal del Tribunal de Villavicencio, consideró revocar el fallo de un Juez de Puerto López, Meta, que en principio lo había absuelto.

Aunque es una “lotería” que la Corte estudie el fallo y de llegar a confirmarse la decisión condenatoria, Víctor Bravo quedará preso en su casa de residencia y no en establecimiento carcelario, dado que el Tribunal le concedió ese beneficio de “casa por cárcel” o a no ser que la misma Corte, determine sustituir la prisión domiciliaria por la carcelaria.

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades y la norma electoral, establecen que, en Colombia, toda persona que haya sido condenada a prisión, queda impedida de por vida para ejercer cargos públicos por elección popular.

En otra instancia de la justicia, en Sala de Casación Civil, la Corte Suprema excluyó la tarjeta profesional de abogado marginándolo totalmente del ejercicio, al anular un fallo de Tutela, en el que conjueces del Consejo seccional de la Judicatura del Meta, le mantenían vigente la tarjeta profesional de abogado, contrariando una actuación del Consejo Superior de la Judicatura.

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Sin embargo, Víctor Bravo, dijo a RCN Radio que está buscando una figura jurídica que le permita interponer la acción legal y lograr que se mantenga vigente su tarjeta, ya que, sin ella, no podrá litigar, ni tampoco emplearse en algún cargo público como titular de alguna gerencia, dirección o secretaría y que requiera la tarjeta profesional.

Todo lo anterior, se desprende de una actuación ejercida desde el año 2008, luego de que la ciudadana, Martha Patricia Ramírez Bonilla, contrató sus servicios como abogado para que la representara en un proceso de disolución de la sociedad conyugal y separación de su esposo, Flavio Molina Trujillo.

De acuerdo con el escrito de formulación de acusación presentado por la Fiscalía dentro de las etapas procesales en lo penal, a la señora, Martha Patricia, correspondió la suma de 2.000 millones de pesos, una parte representada en especie o bienes y títulos valores.

El día 9 de febrero del año 2009, la denunciante, Martha Ramírez, entregó documentos de títulos valores a Víctor Manuel Bravo Rodríguez, y en el recibo de soportes autorizó para que, de aquellas sumas de dineros, el abogado descontara la suma de $35 millones por concepto de honorarios por sus servicios.

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Bravo le sugirió que no abriera cuenta bancaria con esas sumas de dineros porque la DIAN la podía investigar, que más bien le entregara los títulos valores, que él se encargaría de abrir una cuenta lo que efectivamente hizo.

Además, le propuso la compra de una finca en Puerto López que estaba en proceso de embrago por un banco y como él le manejaba su patrimonio lo autorizó sin prever que este luego se quedaría con el bien.

Con todo, fue la justicia la que frenó en seco las aspiraciones políticas del militante del Centro Democrático, aunque ya era cuestionado por sus actuaciones éticas.

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