Crimen silencioso | Opinión

Por Diego Bautista

Experto y Consultor en Políticas Públicas y Desarrollo

Mataron a cuatro miembros de una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras en el Meta. Encontraron sus cuerpos en una fosa 42 días después. Dos reclamantes, el conductor y una joven funcionaria que habían ido a hacer las vueltas legales y de reconocimiento de linderos.

Iban a recuperar un predio que les habían quitado las antiguas Farc, los mataron a todos y luego escondieron sus cadáveres.

Le interesa leer: Editorial || Masacre ‘sin marketing’

Esta es una de esas noticias que tiene poco volumen en medio de la gritería majadera de las tendencias de las redes, pero que tiene mucha repercusión en los temas esenciales de la vida de la gente en las regiones y en ese camino largo que es la construcción de paz.

Además de la tristeza de perder cuatro vidas y ver esparcido el dolor en sus comunidades, aquí se está intimidando a una institución valiosa para recuperar la confianza en el Estado.

Es también un atentando contra la mística de muchos funcionarios en territorio que intentan que la justicia llegue de manera tangible a sus lugares, y hace parte de esos muchos actos que busca inhibir una política pública que nos ha costado mucho instalar.

Aún en estos tiempos de lo pandito, la voz de los poderes institucionales ante este hecho no ha dado siquiera para murmullo, y la de una parte de la comunidad internacional más bien ha sido plana y se ha ido diluyendo en una partitura ambiental.

Los medios de comunicación nacionales, ni que decir: algunos han llegado, como muchas veces, solo hasta la perplejidad; y otros, pues ya intuimos en que es lo que están y en que andan.

Lea también: Guillermo Herrera Vargas | Opinión

Para ser conformistas, digamos que no se puede esperar mucho de los liderazgos políticos en estos tiempos de mecánica y oportunismo, pero hombre, hombre…¡uff!, da grima no encontrar aunque sea un coro espontáneo de algunos, de muchos de ellos, así sea al azar, que converja en la defensa a ultranza del derecho de miles de familias a recuperar las tierras que les han sido arrebatadas.