Curioso: Farc insisten en la inocencia de paramilitares

Alias 'Martín Sombra'. Foto El Espectador

El proceso judicial de uno de los episodios más oscuros de la guerra en los Llanos Orientales, la masacre de la comisión judicial en San Carlos de Guaroa, podría haber condenado a varios inocentes.

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Lo curioso es que son las mismas Farc quienes insisten en que los paramilitares  casanareños Héctor Germán Buitrago Parada, alias ‘Martín Llanos’, su hermano y su padre, condenados a 38 años de cárcel por este hecho, son inocentes. Esta decisión judicial ha sido ratificada en primera y segunda instancias y reconfirmada en casación de la Corte Suprema de Justicia. 

En entrevista con el diario El Espectador, ‘Martín Sombra’ (Ely Mejía Mendoza), dice que, básicamente, la masacre, donde fueron asesinados 11 integrantes de una comisión judicial el 3 de octubre de 1997, fue un error operacional de las Farc.

En 2017, la Fiscalía declaró la masacre en como crimen de lesa humanidad. Foto Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo»

Sombra, que fue capturado en 2020 señalado de secuestro pero por vencimiento de términos está en libertad, relató que por orden el ‘Mono Jojoy’ y ‘Tirofijo’, un guerrillero conocido como Marco Aurelio Buendía, alias Braulio se dirigió de La Macarena hacia el norte del Meta para «foguearse» y «hacer escuela» en enfrentamientos militares.

De manera cruda, las Farc enviaban a los nuevos comandantes a chocar con tropas del Ejército para «entrenar» sus tropas. En esa maniobra, Braulio y 120 guerrilleros, se toparon con la comisión judicial, que no era una fuerza de combate, y fácilmente los masacraron.

Esta versión refuerza lo que dijo el exjefe guerrillero Carlos Antonio Lozada, en abril de este año: “Por la masacre de San Carlos de Guaroa en este momento Martín Llanos está pagando una condena injusta, porque esa emboscada fue autoría de las Farc”.

Sin embargo, hasta ahora la única prueba técnica de que los autores fueron los guerrilleros, es un carta del ‘Mono Jojoy’, extraída de la correspondencia a Manuel Marulanda y fechada el 6 de octubre de 1997, en donde dice:

“Sobre la acción de San Carlos de Guaroa, si todavía no hemos hecho ninguna clase de comunicado podemos permanecer q.a.p, mientras estudiamos la importancia del caso, porque en estos momentos es muy conveniente de que se rompan las relaciones Gobierno-paramilitares, ya que no cogieron cuerpo de delito nuestro. ¿Qué tal la propuesta? Parecido a lo de Gómez Hurtado”.

«La masacre de San Carlos de Guaroa tuvo como contexto la consolidación del paramilitarismo bajo el mando de alias «Martín Llanos» con apoyo de la fuerza pública», argumenta el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, al respaldar la decisión del 2017 de la Fiscalía de declrara crimen de lesa humanidad este hecho.

La pregunta que también surge ahora es  cómo tres diferentes instancias judiciales ratifican una condena a 38 años de cárcel contra los paramilitares y ¿cuáles fueron las pruebas que tuvieron en cuenta?

La comisión judicial se dirigía a una inspección para extinción de dominio a la finca El Alcaraván, de propiedad del narcotraficante Gustavo Soto García. En cercanías a ese predio, las autoridades ya habían realizado dos operaciones contra Llanos, entre ellas el desmantelamiento de algunos de sus laboratorios de procesamiento de cocaína.