¿Otro crimen de lesa humanidad para las Farc?

La masacre impactó la vida social del Meta por la crudeza con la que se cometió.

“…Y es que la masacre de San Carlos de Guaroa tuvo como contexto la consolidación del paramilitarismo bajo el mando de alias ‘Martín Llanos’ con apoyo de la fuerza pública”.

Esta frase aparece en uno de los contextos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una ONG de Derechos Humanos que durante años ha denunciado la presencia de autodefensas en Colombia.

Sin embargo, esta ‘verdad absoluta’ que por décadas no solo esta ONG sino investigadores, testigos y varios dirigentes fue la única, parece que ahora podría señalar a otros responsables de esos hechos en donde una comisión de 11 integrantes del CTI, Gaula, Ejército y DAS fue asesinada, el 3 de octubre de 1997.

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Una revisión de los correos de Manuel Marulanda Vélez (‘Tirofijo’) apunta a que las verdaderas autoras de este crimen, que fue catalogado de Lesa Humanidad por la Fiscalía en el 2017 por solicitud de un abogado del Colectivo, serían las Farc y no los paramilitares.

El 4 de octubre de 1997, Tirofijo escribió estas líneas a los demás integrantes del Secretariado de las Farc: “Las tropas de donde les indiqué se han retirado un poco. Los tiros no han faltado en esa montaña. El desenlace final del operativo no sabemos hasta dónde alcance. Lo de San Juan de Arama y San Carlos de Guaroa fueron las Farc”.

Esta nueva revelación hace parte de un documento de 1.203 páginas, que no tiene fecha de publicación pero que se titula ‘Manuel Marulanda Vélez, 1993-1998, correos y correspondencia’. José Obdulio Gaviria, en el 2012, había advertido que, a partir de esos correos, se reivindicaba la autoría no solo de la masacre sino del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y la justificación para haberla mantenido en secreto.

Esa justificación era básicamente porque lograron desequilibrar las fuerzas en el poder de Gobierno, acusándose unos a otros y formando teorías de conspiración que minaron la credibilidad en el Gobierno y la Fuerza Pública.

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De hecho, en una segunda correspondencia al bloque Oriental, el 6 de octubre de 1997, Marulanda se refiere así a la masacre: “De acuerdo a su informe sobre la acción de San Carlos de Guaroa, si todavía no hemos hecho ninguna clase de comunicado podemos permanecer q.a.p., mientras estudiamos la importancia del caso, porque en estos momentos es muy conveniente que se rompan las relaciones gobierno-paramilitares, ya que no cogieron cuerpo de delito nuestro. ¿Qué tal la propuesta? Parecido a los de Gómez Hurtado” (sic).

Varios medios de comunicación le consultaron a Carlos Antonio Lozada, integrante del partido Farc y conocedor del Meta toda vez que desarrolló sus acciones subversivas en este departamento, pero sobre esta nueva revelación se limitó a decir: “no tengo conocimiento del hecho”.

“En el año 2002 la Fiscalía vinculó al general Jaime Uscátegui y al coronel Luis Molano por omisión al no haber atendido el clamor de urgencia del Mayor Juan Carlos Figueroa (comandante del Gaula). La Fiscalía 101 especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, decidió precluir la investigación a favor del Coronel Molano y el General Uscátegui”, dice uno de los documentos del Colectivo José Alvear Restrepo.

Otras víctimas de la comisión judicial fueron Carlos Degly Reyes, jefe de fiscalías del Meta. También murieron tres investigadores del CTI, un detective del DAS y cinco soldados, mientras que 16 funcionarios quedaron heridos.

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Cuatro días después, Pablo Elías González, entonces director del CTI, viajó a Villavicencio y desde allí anunció que habían sido los paramilitares y que dos personas que participaron en el ataque habían sido capturadas.

En el 2014, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación por esta matanza. En 2007 fueron condenados los dos jefes paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare: Héctor Buitrago, alias El Viejo, y su hijo Héctor Buitrago, alias Martín Llanos a 38 años de cárcel. Este último está aún detenido pagando por este y otros crímenes.

La comisión judicial se dirigía a una inspección para extinción de dominio a la finca El Alcaraván, de propiedad del narcotraficante Gustavo Soto García. En cercanías a ese predio, las autoridades ya habían realizado dos operaciones contra Llanos, entre ellas el desmantelamiento de algunos de sus laboratorios de procesamiento de cocaína.

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