Del ‘articulito’ al ‘decretazo’ | Editorial

El anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular el próximo 7 de agosto mediante decreto –el llamado «decretazo»– no es solo una maniobra política. Es un acto de profundo simbolismo autoritario que resuena con ecos ominosos en la historia reciente de Colombia y amenaza los cimientos mismos de la democracia y el equilibrio de poderes.

El mecanismo en sí, aunque contemplado en la Constitución bajo condiciones muy específicas de urgencia y necesidad imperiosa, es percibido –y con razón– como un atajo. Pero el daño mayor reside en el mensaje que transmite a la ciudadanía: que las reglas, los procedimientos, las leyes, son maleables al capricho del poder ejecutivo cuando este lo considera conveniente. Es el mensaje de que, en la práctica, «las leyes son para torcerles el cuello». Este mensaje es corrosivo para cualquier Estado de Derecho y alimenta la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

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Es cierto, y los simpatizantes de Petro lo argüirán con vehemencia, que otros gobiernos han utilizado figuras similares. Que Álvaro Uribe Vélez empleó el famoso «articulito» para impulsar su reelección, un episodio que dejó una profunda cicatriz en nuestra institucionalidad al alterar las reglas del juego en beneficio del expresidente. Precisamente ahí reside la gravísima contradicción y el mayor peligro. Gustavo Petro llegó al poder prometiendo un cambio, una ruptura con las prácticas del pasado, una «politización de la democracia» basada en la participación genuina y el respeto a las reglas. Que sea este gobierno, el que encarnaba la esperanza de hacer las cosas diferentes, el que recurra a un instrumento percibido como autoritario, constituye una traición a su propia esencia. Petro se convirtió en todo aquello que tanto criticó.

El paralelo con el «articulito” de Uribe Vélez, por allá a finales del 2004, bajo la idea del asesor Fabio Echeverry, no es casual ni exagerado con el ahora “decretazo”, promovido por el exfiscal Eduardo Montealegre.

Ambos episodios representan la tentación permanente del poder ejecutivo de saltarse los controles, de buscar resultados políticos inmediatos a costa de los procedimientos democráticos establecidos. La reelección de Uribe, lograda mediante ese mecanismo cuestionable, demostró el alto costo de estos atajos: abrió una puerta peligrosa que luego la Corte Constitucional supo cerrar. El «decretazo» de Petro, aunque con objetivos distintos, opera bajo la misma lógica perniciosa: la del fin justificando los medios, incluso si esos medios erosionan la confianza en la democracia y sus leyes.