Las consecuencias de la desaparición de reclamantes de tierras

La desaparición del equipo de cuatro personas de la Unidad de Restitución de Tierras en Mesetas, hace ya más de 15 días, se podría convertir en un frenazo a varios de los programas de gobierno nacional que en realidad están dando resultados en terreno y han favorecido a las víctimas del conflicto.

Aunque consultadas varias fuentes de las agencias que tienen operaciones en el Meta, estas dijeron que hasta ahora no han limitado sus desplazamientos a los territorios, las mismas admitieron que sí han reforzado los protocolos de seguridad que ya tenían establecidos para las salidas, en especial a la región del Ariari.

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Pero inevitablemente las cosas cambiarán, la misma Unidad de Restitución de Tierras (URT) admitió que se suspendió el trámite administrativo de restitución en Mesetas y Uribe por el lapso de un mes; “tiempo que se destinará a la planeación de las actividades de georreferenciación y salidas a terreno enmarcadas en la política de restitución de tierras”.

Este es un golpe a la reparación de las víctimas del conflicto consecuencia de la desaparición del equipo de la URT, teniendo en cuenta que en Mesetas hay 523 solicitudes de restitución de predios y en Uribe se reportan 526 reclamaciones.

El trabajo en terreno no ha sido fácil para llevar a cabo programas sociales en zonas dominadas por grupos ilegales y donde pretenden que el conflicto siga vivo.  Fuentes del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) dijeron que en el pasado tuvieron que trasladar de la regional a un funcionario que recibió amenazas en terreno cuando desarrollaba su labor.

Pese a que en todos los casos se debe coordinar con las autoridades y la Fuerza Pública del municipio el desplazamiento a veredas y zonas rurales, en el caso de la desaparición del equipo de la URT, la alcaldía, la Personería, el Ejército y la Policía dijeron desconocer que ese personal se encontrara en la zona.     

Hasta ahora es poco lo que se sabe de Karen Sulay Garay Soto, Jhon Steven Cagua, y de las solicitantes Yamilf Cortés Uribe y Sandra Milena Cortés Uribe, quienes realizaban procedimientos en el proceso de restitución de la finca La Ilusión, en la vereda San Isidro de Mesetas.

El periódico El Espectador reveló esta semana que las solicitantes habían recibido amenazas por el reclamo de esa tierra, presumiblemente por disidencias de las Farc, cuyos comandantes en la zona las obligaron a vender en 1999, muy por debajo del precio comercial que realmente tenía la finca. Además del asesinato de su padre a manos de la guerrilla, tuvieron que sufrir el desplazamiento de la familia.

En este territorio las autoridades militares reportan que hay presencia de los Grupos Armados Organizados residuales (GAO), reflejadas en las disidencias de las Farc, “donde se mantienen las actividades de búsqueda y de investigación criminal que permitan dar con el paradero de los integrantes de la comisión desaparecida”.

“La resonancia de este caso inédito para la Unidad de Restitución de Tierras ha sido impresionante y hemos sentido las expresiones de solidaridad y consternación de la toda la ciudadanía. Somos conocedores del espíritu de colaboración de los habitantes de los municipios de Mesetas y Uribe y admiramos la pujanza y su invaluable aporte a la paz, por ello hacemos un nuevo llamado para quien tenga algún tipo de información que conduzca a ubicar a las personas desaparecidas, pueda contactarnos. El clamor que debemos continuar haciendo es que los necesitamos ya de regreso y en el refugio de sus hogares con los suyos”, declaró la directora territorial”, dijo la directora territorial de la URT, Jenny Capote.

La funcionaria ha sido criticada porque no se ha aclarado la manera en que el equipo se desplazó hacia la vereda San Isidro y de qué manera  se verificaron las condiciones de seguridad, teniendo el agravante de las amenazas que habían recibido los reclamantes del predio que iban a georreferenciar.

Con todo, para este año la meta era radicar 222 demandas ante jueces y magistrados de restitución por parte de la URT, al tiempo que resolver cerca de 2.000 decisiones de fondo en la etapa administrativa (decidir si se inicia o no el registro para proceso de restitución), pero este hecho seguramente hará revisar los protocolos de seguridad del personal.