Desplome | Opinión
- Publicado en Mar 16, 2025
- Sección Columnistas, Lo Mas Reciente
Llevar al país a perder su condición de exportador de petróleo y volverlo importador de hidrocarburos es regresarlo a mediados de los años setentas cuando teníamos que pagar el transporte de los hidrocarburos desde el exterior, dejar de percibir las divisas por exportaciones y prescindir de los millonarios ingresos por regalías e impuestos. Solo recordar para los desmemoriados que las importaciones de hidrocarburos entre 1975 y 1985 implicaron un costo equivalente al 44,4% de la deuda pública externa del país a diciembre de 1985.
El sector está como muchos otros sobre diagnosticado. Sin embargo, siempre es bueno tomarle la temperatura al paciente y en este caso advertir cómo las actividades de exploración sísmica llegaron a niveles mínimos. En 2024 sólo se corrieron 2.800 kms, y aún menos en 2023 cuando históricamente habíamos alcanzado 20.000 kms anuales, habiendo logrado un récord de 40.000 kms en el 2014.
La actividad exploratoria también se derrumba de 131 pozos en 2012 a 38 este año. Consecuencia de no tener nuevos contratos de exploración, prohibidos por el régimen. La producción de petróleo se ha estancado en los últimos 3 años en 750.000 barriles diarios, cuando hace una década alcanzamos un millón de barriles. Y así Ecopetrol lo niegue las reservas de petróleo y gas también se desploman.
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También por razones ideológicas, que no técnicas ni de protección al medio ambiente, se ha prohibido el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales para la explotación petrolera y gasífera.
El aporte total de la industria petrolera fue de $51,9 billones de pesos en 2023 y se estima en $50 billones para 2024. ¿Cómo pretende Colombia financiar la quiebra del estado y sobre todo el cacareado plan de inversiones sociales sin estos recursos?
¿Se habrán preguntado alguna vez estos fanáticos que nos gobiernan cuánto nos costaría perder la autosuficiencia de gas y petróleo? Seguro que no.
Para retomar la inversión en el sector el punto de partida no puede ser otro que el restablecimiento de la seguridad jurídica y regulatoria y un marco de estabilidad fiscal.
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