miércoles, 8 de mayo de 2024
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Va por las cajas | Opinión


Va por las cajas | Opinión 1
Germán Vargas Lleras
RP
Redacción PDM

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Por Germán Vargas Lleras

La pretensión del Gobierno de controlarlo todo se extendió a la Cámara de Comercio de Bogotá en donde, contra viento y marea, el propio presidente Petro impuso al polémico Ovidio Claros como director de la entidad.

Lo mismo terminará ocurriendo en las demás cámaras de comercio del país, que son y han sido siempre espacios de acción y expresión del sector privado. Aun cuando la mayoría se han resistido a esta intervención, otros han preferido ir por el fácil y cortoplacista camino de sacrificar su independencia en aras de mantener la comunicación con el Gobierno. Muy deplorable y costosa decisión.

Y como si fuera poco, ahora van por las cajas de compensación familiar, otro bastión del sector privado. A este gobierno no le sirve nada que no controle, nada que no sea una extensión del Estado, nada que pueda oler a iniciativa privada.

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Al frente de esta guerra declarada contra las cajas se encuentra el muy oscuro superintendente de Subsidio familiar, Luis Guillermo Pérez Casas. Una de las primeras cajas que intervino fue la de La Guajira, Comfaguajira. Siguió con Comfamiliar Huila, en el mes de octubre; Cafaba, en enero; Confiar Arauca, en marzo y extendió las intervenciones a Comfacor, Comfamiliar Cartagena y Comcaja.

La última de sus intervenciones y quizás la más polémica fue la de Comfenalco Antioquia, el 15 septiembre pasado. Es una intervención sin fundamento y desproporcionada, pues los estados financieros de la entidad revelan la buena salud de la caja con indicadores de patrimonio, solvencia, liquidez y endeudamiento en niveles más que satisfactorios.

Grandes riesgos enfrentan las cajas de compensación bajo la vigilancia del señor Pérez Casas. El primero, ser utilizadas como caja menor para fines electorales. El segundo riesgo es la liquidación de cajas existentes para ser reemplazadas por nuevas cajas únicas por departamentos y el tercero y más grave es la pérdida para los trabajadores de la titularidad de estos recursos reconocidos por la Corte Constitucional.

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