Editorial: Bioenergy es una vergüenza

No cabe un calificativo diferente para una entidad que es el ejemplo claro de lo que no debe ser una empresa y menos que tiene en su capital recursos públicos, toda vez que es filial de Ecopetrol.

No solo fue un fracaso en el modelo de negocio, teniendo todo para ser exitosa, sino que además ahora se empieza a descubrir que en jugadas turbias sus directivos son sospechosos de haber embolatado millonarios recursos, de acuerdo a las investigaciones recientes de la Contraloría General de la República y la Procuraduría.

Esta semana se conoció que a ocho directivos de Bioenergy se les imputó responsabilidad fiscal por 31.261 millones de pesos. Los cargos nacen de la celebración del contrato de suministro de caña de azúcar con la empresa Riopaila para entregarle 300.000 toneladas de caña al año, por un periodo de 22 años, que empezaría tres meses después de la puesta en marcha de la planta industrial. 

Sin embargo eso nunca sucedió porque al desastre en la contratación de empresas idóneas para construir la planta, se sumó el constante incumplimiento en el cronograma de construcción de la misma. Sí, Bioenergy ha ido desastre tras desastre.  

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“Tal situación generó un daño patrimonial al Estado por la pérdida de los recursos públicos entregados al proveedor, por concepto de reconocimientos e indemnizaciones que se concedieron a través de la celebración de los otrosíes Números 1 y 2, en cuantía de $24.223.527.390, y la disposición de 114,498 toneladas de caña al suelo, recibidas entre el 15 de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2017, las cuales no fueron usadas en la producción de etanol, sino tiradas al suelo para utilizarlas como capa vegetal, y cuyo valor alcanzaba los $9.121.202.800,25”, dijo la Contraloría General de la República esta semana. 

Y como lo dijimos aquí, Bioenergy era una crónica de un desastre anunciado.  El año pasado, por las noticias de la pandemia, pasó casi inadvertida la autorización de liquidación de la  Superintendencia de Sociedades el 12 de marzo, acogidos en la Ley de Insolvencia. 

Ahora se encuentra en ese proceso del que poco se sabe sobre sus avances, aunque tiene en Rubén Darío Lizarralde, el agente liquidador, un hombre que conoce el sector. 

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Hay empresas interesadas en no dejar perder la inversión en la infraestructura industrial, pero en aras de la transparencia, que hasta ahora es lo que más ha faltado, sería bueno saber de qué inversionistas se trata.   

Punto aparte es Ecopetrol, que ha guardado un silencio que, la verdad, preocupa pues aunque es evidente que a su filial la quebró la corrupción, no ha sido suficiente para que le ponga la cara a la región y al país. 

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