Editorial: Ser y parecerlo (II)

Planteábamos en este mismo espacio, la semana pasada, la importancia de que los nuevos
mandatarios regionales envíen mensajes claros a la ciudadanía sobre su posición frente a
la lucha contra la corrupción en sus municipios y en el departamento.

Decíamos, por ejemplo, que no basta además con parecer una persona íntegra sino además ser consecuente con aquello que se predica.

A solo tres semanas de iniciar los periodos administrativos hay destellos de que la corrupción quisiera filtrarse por las rendijas o por las zonas grises que las administraciones
dejan.

A la presencia de Héctor Andrés Castro, un exfuncionario condenado a 11 años de prisión
por la Procuraduría, en una reunión en una oficina pública en la que se hablaba del contrato
de reparación de la línea de aducción del acueducto de Villavicencio (presencia que nadie
ha explicado), se suma también los cuestionamientos sobre el ratificado director del Instituto de Turismo del Meta, Gustavo Jiménez, quien esta semana fue duramente cuestionado en la Asamblea del Departamento.

Al funcionario lo inquirieron por dos contratos que tuvieron desarrollo en el gobierno de Marcela Amaya, y por los cuales hasta el año pasado nadie había reclamado: se trata del contrato para la construcción del escenario de team penning, por más de 12.000 millones de pesos y por el de la controvertida obra de la Torre Matapalo, el mirador de Puerto López, que aún no se pone en servicio.

Lea también: Ser y parecerlo (I)

Celebramos que desde la Asamblea empiece a hacerse el control político que la ciudadanía
exige, pero no deja de ser curioso que la diputada Ximena Calderón, amiga de la exgobernadora, sea ahora, cuando terminó su administración, que reclame por contratos que ya están para ejecución o ejecutados y no se haya hecho el mismo control en el momento oportuno.

No nos gustaría pensar que detrás de ese control político se esconda un pulso soterrado por cargos burocráticos en el departamento, ahora que empieza la contratación de personal en las secretarías y entidades.

Además, recordemos que la Asamblea del Meta también nos debe una explicación sobre porqué eligieron como secretario de esa corporación a Jorge Parrado, un hombre sobre el cual pesa una condena a siete años de prisión, en primera instancia, por delitos contra la administración pública.

Apenas son las primeras semanas y nos estamos quedando solo en buenas intenciones en
la lucha contra la corrupción, ojalá los Planes de Desarrollo planteen la lucha. Insistimos, “la mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo”.

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