Editorial || Votos de silencio

La noticia acerca de Jennifer Arias como la primera metense en llegar a la presidencia de la Cámara de Representantes es un hecho sin precedentes en la política regional. No solo se trata de una mujer, joven, relativamente nueva en la política departamental, sino que podría ser un mensaje de la importancia que por fin podrían tener los congresistas llaneros en un futuro cercano.

Claro, detrás están los juegos políticos y el lobby que siempre se ha dado en esta clase de elecciones, pero el hecho de tener en cuenta a una metense y no a regiones con más presencia como la Costa Atlántica, el Valle o los Santanderes, es un principio para representatividades venideras.

Sus opositores, que son bastantes, dirán que se trata del último periodo legislativo que resulta el menos importante porque es un año de elecciones y no da para tramitar proyectos importantes; o también pondrán en duda que la representante del Centro Democrático pueda renovar su curul y este es una especie de “dulce” antes de su despedida de la Cámara.

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Las aristas se pueden debatir a favor y en contra dependiendo de la óptica con la que se mire, pero los cierto es que Jennifer Arias logró lo que ningún representante o senador del pasado consiguió, a pesar de estar varios periodos con una curul.

Sin embargo, en lo que no debe guardar silencio y no debería pasar de agache, es el delicado informe que publicó la Fundación Paz y Reconciliación, de León Valencia y Ariel Ávila, titulado ‘Los narcopolíticos y la campaña política de Jennifer Arias a la presidencia de la Cámara’.

Se trata de un dosier de 12 páginas en las que desentraña las relaciones de Jennifer Arias con personas que han terminado vinculadas a problemas con narcotráfico, hasta la condena de su padre en 1993 por un caso de homicidio.

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Si bien en varios de sus apartes el documento se basa en afirmaciones de un informe del periodista Gonzalo Guillén en ‘La Nueva Prensa’, con algunas dudas sobre sus fuentes que por lo menos resulta cuestionable, también se anexan documentos, fotos y concluyen que la dirigente tuvo vínculos con empresas que apoyaron su campaña al Congreso y terminaron siendo investigadas por la Dirección Especializada del Derecho de Dominio de la Fiscalía por lavado de activos.

Lo cierto es que para dar claridad a lo que allí se esgrime, la próxima presidente de la Cámara de Representantes debería dar su versión. Si hay algo que caracteriza a Álvaro Uribe “mi mentor”, como ella llama al expresidente, es que muy a su estilo sabe dar la cara y en este caso los señalamientos son tan delicados que bien la región y sus electores merecen una explicación.

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