Paz y Reconciliación cuestiona campaña política de Jennifer Arias

Periódico del Meta buscó la opinión de la Representante por el Meta a la Cámara, pero a través de uno de sus asesores dijo que por ahora no se referiría al tema.

La Fundación Paz y Reconciliación, liderada por León Valencia y Ariel Ávila, en un dosier de 12 páginas, hace graves cuestionamientos sobre la manera en que la metense Jennifer Arias hizo su campaña a la Cámara de Representantes en el 2018.

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La llanera, que se convertirá el 20 de julio en la primera Representante del Meta en llegar a la presidencia de la Cámara,  pertenece a Centro Democrático y es una de las defensoras más aguerridas del expresidente Álvaro Uribe Vélez a quien considera su “mentor”.

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El documento, titulado ‘Los narcopilotos y la campaña política de Jennifer Arias a la presidencia de la Cámara’ recaba en expedientes e informes de prensa que vinculan a Arias con pilotos y empresas que la apoyaron en su campaña y luego resultaron investigados por lavado de activos y narcotráfico.

Una de primeras revelaciones que tiene el documento es cuando Arias era aspirante a la alcaldía de Villavicencio, en el 2015, tenía un contrato por más de $214 millones y era representante legal del Consorcio Urbano, que era interventor para la construcción de varios espacios públicos en la capital del Meta.

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“El contrato se firmó el 23 de diciembre de 2013 por un plazo de tres meses. A través de una serie de prórrogas, el proceso de extendió hasta el 5 de diciembre de 2014”, menciona el dosier de Paz y Reconciliación.

Aunque esto de por sí es grave porque no debería haber sido candidata por estar aparentemente inhabilitada, lo más delicado son los vínculos que hace el informe cuando ella fue coordinadora de la campaña de Iván Duque a la presidencia en Vaupés y Guaviare, en cuya función “habría estrechado la relación entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque con empresarios del sector de la aviación en los llanos que presuntamente están vinculados a actividades relacionadas al narcotráfico”.

El informe dice textualmente que la Empresa Llanera de Aviación transportó a los candidatos de Centro Democrático en esta región del país y que “esta compañía de transporte aéreo es investigada por la Dirección Especializada del Derecho de Dominio
de la Fiscalía General de la Nación por lavado de activos. Asimismo, la empresa ha obtenido dos contratos con el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil de Colombia sin ningún mérito e incumpliendo los requisitos”.

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Si bien el informe es basado en artículos de prensa del periodista Gonzalo Guillén, abiertamente contradictorio del uribismo, el documento de Paz y Reconciliación anexa documento en los que revela que el hermano piloto de Jennifer Arias, Andrés Eduardo Arias Ochoa, “aceptó cargos de narcotráfico en marzo de 2008 ante la Corte del Distrito Sur
de Florida”.

Paz y Reconciliación dice que esas mismas “tragedias familiares”, han acompañado a la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, al embajador de Colombia en Estadios Unidos, Juan Carlos Pinzón y a la senadora Paola Holguín, quienes han tenido familiares cercanos ligados al narcotráfico.

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También señala a Arias como una de las gestoras para que el Gobierno Nacional diera vía libre a la figura de “vuelos humanitarios”, para reactivar la aviación en el país, pero “curiosamente, bajo la figura de vuelos humanitarios fue que cayó la avioneta en Providencia, en mayo de 2021, con media tonelada de cocaína. El piloto Cadena le había dicho a la Policía que tenía un cargamento de cajas de tapabocas en el marco de un
servicio humanitario, hasta cuando se descubrió que era cocaína”.

Con todo, y pese a que el informe puede tener varios cuestionamientos, la llanera llegará a la presidencia de la Cámara de Representantes y seguramente no serán las primeras críticas que reciba en el último año legislativo.