El Arranque del nuevo gobierno / Análisis

Se respira elecciones. El país se mueve a diario por las noticias cortas alrededor de la contienda, pasamos del constante devenir de TikTok, a un ruido constante sobre que hace o que no hace cada candidato en cada esquina, siempre buscando generar emociones, teniendo como objetivo captar la atención; estamos en la sociedad de los 30 segundos, la atencion es la meta.

Por Mario Romero / Especial para Periódico del Meta

Una mejor sociedad no se construye con esa perspectiva, se construye con criterio y con trabajo planificado, con articulación, nación, territorio; con metas comunes y sincronía de gobiernos, así se labra el paso al desarrollo, y en nuestra región ese camino no se recorre en metas de gran envergadura desde hace mucho, se escuchan proyectos, se habla de iniciativas, pero parece que en la media Colombia que inicia desde que se cruzan los peajes Bogotá – Villavicencio, todo se queda en buenas intenciones, veamos un ejemplo.

En Villavicencio, el colapso del viaducto sobre el río Guatiquía en mayo de 2025 no fue solo una falla estructural. Fue una radiografía. Mostró lo que décadas de improvisación habían ocultado: una ciudad que crece sobre una red de acueducto diseñada para otra época, otra demografía, otra realidad. El racionamiento se convirtió en el nuevo normal, los carrotanques en parte del paisaje urbano, y la promesa de soluciones definitivas quedó atrapada en el ciclo eterno entre emergencias temporales y proyectos que nunca terminan de arrancar.

La crisis del agua en Villavicencio no es, sin embargo, un problema técnico aislado. Es un problema de articulación institucional. De coordinación entre niveles de gobierno que operan con agendas distintas, presupuestos desconectados y plazos que raramente coinciden. Cuando el viaducto colapsó, la ciudad descubrió que la solución para la disponibilidad de agua es lejana y siempre es un anhelo.

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Y así como el acueducto de Villavicencio, hay muchos otros proyectos que se hablan en la región, que se muestran como la vía necesaria para lograr consolidar el potencial del que todo el país habla y dice conocer, pero los gobiernos pasan y todo queda en buenas intenciones, y aquí es donde hago un llamado, es en este punto donde entran los Pactos Territoriales, diseñados por el Departamento Nacional de Planeación como el reemplazo de los antiguos Contratos Plan, son instrumentos de articulación intergubernamental que buscan precisamente resolver la fragmentación que deja al descubierto la crisis del agua.

Su lógica es simple pero potente: Sincronizar inversiones nacionales, territoriales y privadas en proyectos de alto impacto, con metodologías claras, concurrencia de recursos garantizada y vigencias futuras aseguradas. El Gobierno Nacional usualmente aporta cerca del 70% de la inversión, los territoriales el 30% restante, y todos los actores comparten una hoja de ruta común.

El departamento del Meta, paradójicamente, figura en la lista del DNP como candidato a suscribir un Pacto Territorial, pero hasta ahora no lo ha hecho. Mientras tanto, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Atlántico, Bolívar, Nariño y otras regiones ya avanzan en la concertación de inversiones estructurales bajo este esquema. La pregunta es evidente: ¿qué oportunidades de financiación y coordinación ha perdido el Meta por no tener un Pacto Territorial activo? ¿Cuántos proyectos de impacto real se han quedado en el limbo de las buenas intenciones por falta de un mecanismo que obligue a la Nación, al departamento y a los municipios a sentarse con una hoja de ruta compartida?

El acueducto de Villavicencio emerge aquí como el candidato natural para justificar y estructurar ese Pacto Territorial. No solo porque la magnitud del problema lo amerita, sino porque ya existe un conjunto de proyectos en marcha que necesitan articulación y financiación; Vivimos esperando que un aguacero fuerte no deje sin agua a la capital de la Orinoquia, la urgencia por un proyecto de gran magnitud es total.

El momento es preciso. El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro tiene vigencia hasta agosto de 2026 y como lo vimos, pasó Duque, pasó Petro y no se logró una gestión de esa magnitud, la ventana de oportunidad está en el nuevo Plan de Desarrollo y en consolidar un bloque común parlamentario y territorial; Gobernadora, Representantes y Alcalde.

El próximo gobierno tendrá sus propias prioridades, sus propios instrumentos. La experiencia colombiana demuestra que las transiciones administrativas son el momento donde un bloque común, con un horizonte claro, logra resultados.

La crisis del agua en Villavicencio es un ejemplo, el Meta tiene muchos más, y estas macro inversiones no se resuelven con proyectos aislados, por bien concebidos que estén. Se resuelven con una visión sistémica. En el caso de Villavicencio el abastecimiento hídrico requiere integrar fuentes, infraestructura, gestión del riesgo y crecimiento urbano. Esa visión sistémica es exactamente lo que los Pactos Territoriales están diseñados para construir. El acueducto de Villavicencio podría ser el proyecto emblemático que justifique el esfuerzo, que muestre resultados tangibles a la ciudadanía, y que establezca un precedente de cómo se hacen las cosas en el departamento del Meta.

La pregunta es, más allá de los plazos técnicos y las viabilidades financieras, es si los actores políticos e institucionales del Meta están dispuestos a jugar en ese nivel de coordinación. Porque incidir en el Plan de Desarrollo y ponerse la Meta de lograr un Pacto Territorial, o como el nuevo gobierno lo denomine, no es solo un contrato con el DNP: es un compromiso público de trabajar juntos bajo reglas claras, con rendición de cuentas conjunta y con proyectos que trasciendan los ciclos electorales. Eso, en la política colombiana, sigue siendo el desafío real.