El Meta enfrenta un pulso de seguridad en plena coyuntura electoral

Luego de un panorama de hechos violentos registrados a nivel nacional, el Meta no ha sido ajeno a las alertas de seguridad. En el departamento, el más reciente caso se registró el pasado 24 de abril en zona rural de Villavicencio, donde las autoridades neutralizaron un dron acondicionado con explosivos, evitando una posible afectación a la población.

Por Melissa Céspedes

A esto se suma un reciente operativo que permitió frustrar un posible atentado contra transportadores en vías del departamento, tras la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes de un grupo armado en zona rural de Puerto Rico.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, fue enfática en el nivel de alerta del departamento. “El Meta se mantiene en alerta máxima frente a la amenaza de atentados terroristas, especialmente a pocas semanas de las elecciones presidenciales”, afirmó, al anunciar el fortalecimiento de medidas como el aumento de recompensas y mayor presencia institucional en zonas priorizadas.

En terreno, sin embargo, la situación refleja una dinámica más compleja. Una fuente cercana a los municipios de Mesetas y Vista Hermosa advirtió sobre el control que ejerce un grupo armado ilegal, que ha intensificado citaciones a distintos sectores para exigir pagos extorsivos.

Según explicó, durante este año han convocado a distintos sectores productivos para imponer cobros ilegales. “Han venido citando a todos los gremios, para que hagan una contribución o un impuesto que ellos llaman impuesto de la guerra”, señaló, al detallar que estos pagos incluyen tarifas por hectárea, por cabeza de ganado e incluso por actividades comerciales.

La fuente también reveló que en zonas rurales, desde hace un año, se exige un control directo sobre la movilidad de la población. “Toda persona que transita por el área rural debe portar un carnet, quien no lo porte, le colocan una multa”, afirmó, al indicar que este documento es exigido como mecanismo de vigilancia territorial.

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Frente a estas denuncias, la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano, reconoció que la situación coincide con lo que se ha identificado institucionalmente. “La realidad es que estos grupos tienen control en zonas como Mesetas y el Ariari (…) Tienen órdenes de captura suspendidas y con eso están haciendo lo que quieren en la zona”, afirmó, al advertir que el margen de acción está condicionado por el contexto nacional de la política ‘Paz total’, y agregó que las decisiones sobre acciones militares no dependen del nivel departamental. “Quien define si se retoman acciones contra estos grupos es el presidente; hoy nadie puede hacer ni siquiera una captura”, sostuvo.

Esta presencia también se refleja en mecanismos de presión comunitaria. Tanto la fuente como la funcionaria coinciden en que, cuando se intentan operativos, se presentan reacciones organizadas desde la población civil. “Han organizado a la gente en asociaciones y, a través de grupos de WhatsApp, los presionan para impedir capturas o acciones militares”, explicó Lizcano.

De hecho, la fuente aseguró que existen canales de comunicación que alertan sobre movimientos de la Fuerza Pública y obligan a la comunidad a acudir a determinados puntos. En uno de estos casos, relató, “dieron la orden de que tenía que ir la comunidad, en medio de un operativo que terminó con la muerte de un civil”, afirmó.

En Vista Hermosa, la situación es aún más compleja. Según la fuente, desde 2022 el grupo armado impuso un conjunto de reglas que denomina “normas de convivencia”, las cuales regulan aspectos de la vida cotidiana en zonas rurales.

Entre estas disposiciones se incluyen restricciones como la prohibición de usar casco o vidrios polarizados, limitaciones en los horarios de funcionamiento de establecimientos comerciales y la obligación de exhibir estas normas en las entradas de las veredas.

“Tenían que delimitar cada vereda y poner esas normas, son reglas sobre cómo debe  comportarse la gente”, explicó.

Aunque actualmente no se reportan amenazas directas de atentados en estos municipios, sí se mantienen antecedentes de confrontaciones entre grupos armados ilegales y episodios de desplazamiento forzado en zonas rurales.

En materia de seguridad, Lizcano advirtió que, aunque no hay una amenaza puntual confirmada, el riesgo es latente. “Hacer terrorismo es muy fácil”, afirmó, al recordar que se ofrecen recompensas de hasta 30 millones de pesos por información que permita prevenir ataques.

Finalmente, sobre el panorama electoral, indicó que, por ahora, no se han identificado situaciones graves en el Meta, aunque el contexto nacional mantiene la preocupación. Mientras tanto, en territorio, persisten versiones sobre posibles presiones a votantes, aunque sin denuncias formalizadas.