Cuando comprar tierra se convierte en heredar un barrio sin futuro en el Meta

El crecimiento acelerado de ciudades intermedias como Acacías, Villavicencio y Cumaral está dejando en evidencia una problemática cada vez más visible, la expansión de asentamientos humanos informales derivados de la venta de lotes sin cumplimiento de normas urbanísticas.

Por Melissa Céspedes

Bajo la figura de ‘lotes al porcentaje’, cientos de familias invierten con la expectativa de construir vivienda propia, sin advertir que adquieren predios sin viabilidad legal. Esto se traduce, a futuro, en ausencia de servicios públicos, riesgos ambientales y dificultades para la planificación territorial.

En Acacías, el fenómeno ya alcanza niveles críticos. Según el coronel Carlos Julio Plata, alcalde del municipio,existen 97 asentamientos ilegales que agrupan cerca de 30.000 lotes, ubicados principalmente en la periferia. Este crecimiento, explicó, responde a años de expansión sin control y a vacíos normativos que han facilitado estas prácticas.

“Toda la periferia está loteada, esto ha sido terrible. Les venden a las personas la idea de que van a poder construir, pero no tienen autorización ni licencias; ahí es donde queda la gente con el problema”, advirtió.

Aunque algunos sectores avanzan en procesos de legalización por su nivel de consolidación, el mandatario reconoció que muchos no podrán regularizarse, dejando a las familias sin servicios básicos ni respaldo jurídico.

Desde la Secretaría de Planeación, Sandra Novoa complementó que, más allá del vacío legal, el fenómeno también está impulsado por factores sociales como la dificultad de acceder a vivienda digna y los altos costos del mercado formal. Explicó que, aunque existen casos en los que han logrado legalizar barrios, estos procesos pueden tardar hasta 20 años y no todos cumplen las condiciones jurídicas o técnicas para hacerlo.

La funcionaria advirtió que este modelo de ocupación configura una “ciudad dispersa”, con impactos estructurales. “Se generan asentamientos sin alcantarillado, sin acceso a servicios públicos, sin vías adecuadas, sin transporte, ni posibilidad de garantizar salud o educación. Después el municipio no tiene cómo llegar con esa oferta institucional a esos sectores”, explicó.

En ese sentido, reiteró el alto riesgo para los compradores: “están comprando con la ilusión de una vivienda, pero en la práctica es muy probable que pierdan la inversión”.

A nivel departamental, la secretaria de Vivienda del Meta, Linda Guzmán, señaló que la problemática se ha intensificado por la llegada de compradores de otros departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, atraídos por la oferta de lotes económicos que se promocionan principalmente en internet.

Además, la funcionaria alertó sobre la modalidad de venta por porcentaje, que genera una falsa sensación de propiedad. “Les dicen que son dueños de un porcentaje del predio, pero no les especifican dónde está ubicado, e incluso ese mismo porcentaje puede ser vendido a varias personas”, explicó.

Desde la autoridad ambiental, Cormacarena indicó a Periódico del Meta que no tiene competencia urbanística, pero sí en el uso de recursos naturales, lo que le permite intervenir cuando estos desarrollos afectan el entorno. “La Corporación no otorga permisos para proyectos urbanísticos; sin embargo, sí cuenta con facultades para autorizar el aprovechamiento de recursos naturales requeridos en este tipo de desarrollos”, informó la entidad mediante un documento.

Durante 2025, la entidad recibió 36 reportes por presuntas infracciones ambientales en Acacías, a los que se suman 11 casos en el primer trimestre de 2026. Actualmente, cursan 35 expedientes relacionados con loteos irregulares en el municipio.

Entre las principales afectaciones se identifican tala sin autorización, quemas a cielo abierto, ocupación de rondas hídricas y construcciones en zonas restringidas. “Se ha identificado el aprovechamiento de los recursos naturales sin los respectivos permisos”, advirtió la Corporación, al señalar que estas prácticas no solo incumplen la normativa, sino que también generan impactos sobre ecosistemas estratégicos.

La situación también se replica en otros municipios. En Villavicencio, la Secretaría de Planeación indicó que, aunque no hay un consolidado de predios, la problemática se concentra en áreas rurales, especialmente en los corregimientos 1, 5 y 7.

La entidad recordó que el crecimiento urbano está regulado por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que establece condiciones específicas para el desarrollo. “Las áreas de periferia corresponden principalmente a suelo de expansión urbana. Estas zonas no pueden desarrollarse de manera espontánea ni mediante loteos informales, ya que su incorporación al desarrollo urbano está condicionada a instrumentos como planes parciales que garanticen infraestructura, servicios y espacio público adecuado”.

En Cumaral, la administración confirmó que el fenómeno se presenta bajo la misma modalidad de venta por porcentajes. Los casos se concentran en sectores como San Nicolás, El Palmar y Guacavía, donde ya se adelantan procesos de seguimiento.

“Se tienen identificadas actuaciones ilegales (…) sobre las cuales se adelantan procesos de seguimiento y control”,  indicó la Secretaría de Planeación, al señalar que algunos casos han avanzado hacia su legalización.

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Frente a este panorama, las autoridades locales han fortalecido los controles urbanísticos y el reporte de irregularidades ante las entidades competentes.

Finalmente, desde el colectivo Villavo 2040 advierten que el impacto es estructural. “El riesgo es alto y se siente en todo el territorio”.

En lo ambiental, explican, se afecta la estructura ecológica por la ocupación de rondas y suelos no urbanizables; en lo económico, se trata de desarrollos que operan por fuera de la norma y “no asumen cargas urbanísticas ni aportan al municipio”; y en lo social, el impacto se traduce en estafas, inseguridad jurídica y asentamientos desconectados. “Es gente que termina viviendo lejos de la ciudad, aunque esté dentro de ella”.

A mediano plazo, advierten, este modelo profundizará la desigualdad territorial. “Lo que queda es una ciudad más fragmentada y con brechas más difíciles de cerrar”. Por ello, insisten en la necesidad de una política de vivienda que garantice una oferta de suelo urbanizado acorde a la demanda.