El Meta y Villavicencio podrían enfrentar nuevo periodo de ingobernabilidad

Alexander Baquero Sanabria y Juan Guillermo Zuuaga

Con el fallo de primera instancia que la Procuraduría General de la Nación profirió contra Juan Guillermo Zuluaga Cardona y 13 exconcejales, entre ellos Alexander Baquero Sanabria, de suspensión e inhabilidad especial por nueve meses, podría llevar al Meta y a Villavicencio (en caso de ser elegidos) a un nuevo periodo de ingobernabilidad como el que se registró en los gobiernos de Edilberto Castro Rincón, en la Gobernación del Meta y de Germán Chaparro, en la Alcaldía de Villavicencio.

La sanción fue impuesta por irregularidades en la aprobación del proyecto para reformar la planta de personal y el ajuste salarial a funcionarios del Concejo Municipal en 2013, cuando el hoy candidato a la gobernación del Meta Juan Guillermo Zuluaga ejercía como alcalde de Villavicencio, y Baquero Sanabria, quien aspira a la Alcaldía de Villavicencio era concejal de la ciudad.

El Ministerio Público señaló que Zuluaga sancionó el Acuerdo No. 205 de 2013, pese a tener conocimiento de que no era viable, y en lugar de devolverlo para que el concejo lo archivara, dispuso su publicación inmediata logrando la modificación de la planta de personal y el ajuste salarial a los funcionarios de la corporación municipal.

El órgano de control disciplinario que se encarga de investigar y sancionar las irregularidades cometidas por quienes ejercen funciones públicas, calificó las faltas como graves a título de dolo y señaló que con su actuar los investigados vulneraron el reglamento interno del concejo por cuanto las objeciones de inconveniencia debieron ser archivadas, corregidas y presentadas en el siguiente periodo y no como fueron ajustadas para la sanción del acuerdo, el 31 de octubre del 2013.

En un comunicado emitido por la campaña del candidato Zuluaga, sobre la media noche del martes, el candidato manifiesta que “esta decisión no afecta para nada mi candidatura a la Gobernación del Meta, porque no genera ninguna inhabilidad”.

Sin embargo, la ley 734 de 2002, por el cual se expide el Código Disciplinario Único, es clara cuando determina que la inhabilidad especial, significa la imposibilidad de ejercer la función pública en otro cargo distinto de aquel que ejerciera cuando se cometió el dolo, en otras palabras, de ser elegidos tanto Zuluaga como Baquero, tendría que ser retirados del cargo por el tiempo señalado en la sanción, lo que llevaría al Departamento y a la ciudad a un nuevo periodo de ingobernabilidad.

En el mismo comunicado el candidato a Gobernación del Meta asegura que ejercerá el recurso de apelación.

Además de Juan Guillermo Zuluaga y Alexander Baquero, la sanción también fue impuesta a Óscar Armando Alejo Cano, Miguel Giovanni Beltrán Knorr, Carlos Alberto Carreño Pedraza, Walter Cock Chavez, Marco Aurelio López Lozada, Jairo Narváez Falla, José Antonio Pérez Casiano, Mario Germán Rey Rey, José Manuel Sandoval Garzón, Luis Fernando Vargas Peña, Héctor Fabio Vélez Bermúdez y José Yesid Morales. quienes se desempeñaron como concejales de Villavicencio en octubre de 2013.

El entonces concejal José Yesid Morales se encuentra hoy detenido en la cárcel la Picota de Bogotá por los delitos de concusión.

Como se recordará, fue el entonces concejal Ariel Rey quien prendió las alarmas frente a este caso, lo hizo por más de seis aspectos, que, para él, parecían irregulares, entre ellos, el tiempo para aprobar el proyecto; la falta de idoneidad en los ajustes al proyecto; que el estudio no obedeció a la guía metodológica, ni a la ESAP.

Así mismo, la Procuraduría pudo establecer que los cabildantes omitieron el ejercicio de sus funciones al debatir y decidir acerca de unas objeciones de derecho e inconveniencia formuladas por la alcaldía contra el proyecto Nº 205-2013, y a pesar de eso votaron favorablemente sus correcciones, declararon la integridad del mismo y lo remitieron al despacho del alcalde para que fuera firmado, contrariando lo establecido por la normatividad vigente.

Aun cuando el fallo es de primera instancia y los sancionados tienen derecho a apelar la decisión en segunda instancia, lo único cierto hasta ahora es que el Meta podría repetir la historia de ingobernabilidad que vivió años atrás.