‘En los Llanos se desplazaron campesinos para tener otro tipo de cultivos’: magistradas de la JEP

En el proceso judicial se ha recogido evidencia que indica que en las estrategias de control territorial estas poblaciones también sufrieron limitaciones para obtener alimentos, restricciones a la participación democrática y restricciones de movilidad terrestre, aérea y fluvial.

El miércoles de esta semana, en una audiencia pública, las víctimas del conflicto hicieron observaciones sobre lo que dijeron los comparecientes de los batallones de contraguerillas 75 y 78, así como la Brigada Móvil 10 de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.

Las versiones fueron recogidas en el marco del proceso que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.

En la diligencia, que se realizó en el Hotel del Llano, participaron víctimas acreditadas en el subcaso  que abarca 24 municipios de la zona Ariari Guayabero, Guaviare, Caguán, Florencia y zonas aledañas.

Lo anterior hace parte del macrocaso número 8 denominado: investigaciones de violaciones a derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario cometido por la fuerza pública en alianza con paramilitares y terceros.

Periódico del Meta (PDM) dialogó con las magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Reinere Jaramillo (R.J.) y Nadiezhda Henriquez (N.H.) con quienes habló de este caso y de las críticas que le hacen a esta Institución. 

PDM: ¿Qué importancia tiene esta audiencia en Villavicencio?

R.J: Para nosotros es muy importante poderles contar a todos los habitantes de esta región que escuchamos a las víctimas de la región de Ariari, Guayabero, Caguán, Florencia y Caquetá, quienes  nos dieron sus observaciones en relación con las victimizaciones que ellas han vivido, a partir de haber escuchado a más de 53 miembros de la Fuerza Pública de la fuerza de tarea conjunta Brigada móvil 10 y los batallones contraguerrilla 78 y 75. Lo que estamos viendo aquí es parte de una estrategia paramilitar que se dio en otras regiones del país y que ha llegado hasta esta región de los Llanos Orientales.

PDM: ¿Cómo se relaciona la masacre de Mapiripán con los procesos que se están adelantando en Urabá?

N.H: Sobre este caso particular, el caso 8, tiene unos antecedentes muy importantes. Las primeras informaciones que recibimos se referían, es casi que exclusivamente a las investigaciones que se han adelantado respecto a ejecuciones extrajudiciales y ese es el grueso de información de la cual tomamos nosotros la información para iniciar las investigaciones.

Realmente estamos cubriendo todo el territorio nacional con esta investigación, dando un énfasis en los fenómenos de violencia más representativos en esa región. Frente a una situación territorial en la que confluyen los dos actores, más los civiles, como es en el caso de Urabá, nos hemos encontrado que en esa disputa territorial se da las primeras masacres, en asocio con paramilitares, que es la base fuerte de los informes que dan pie al caso 8.

Esa alianza paramilitar tiene un origen en Urabá, siendo el laboratorio de la violencia que se da, tenemos allí una disposición de tropas que estaban paramilitares, estaban en Urabá, en asocio y colaboración con fuerza pública, que fueron trasladadas hasta el Llano y es allí donde tenemos las primeras violencias y la primera masacre que se da en el Llano. Pero, en el caso cuatro, investigamos los preparatorios, ¿cuáles fueron esos grupos paramilitares? ¿Quiénes fueron esos comandantes paramilitares? ¿Qué alianzas tenían con los civiles? ¿La Casa Castaño, qué papel jugó? ¿Cuáles fueron los vínculos con altos mandos, tanto de la policía como de la Fuerza Aérea, como del Ejército?, que viabilizaron ese traslado de tropas paramilitares a la región llanera al Guaviare, ocasionando la masacre de Mapiripán.

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PDM: Dentro de la relación de los batallones investigados no está el 21 Vargas ¿por qué?

R.J: Una cosa es el caso 03 de falsos positivos y otra cosa es el 08, que tiene un repertorio de violencia mucho más grande. Hay muertes en operaciones simuladas, pero tiene unas formas de operar distintas a las que se dio en otros lados con el batallón Vargas. Y esta es otra investigación que desarrollan mis compañeros en el caso 03.

Al final, tenemos que buscar cómo poder contarle todo el relato completo, cómo se conectaron todos desde falsos positivos, desde el traslado de las tropas paramilitares a esta región, como el país tuvo muchos puntos de contacto para que haya una gran narrativa nacional de esclarecimiento de verdad.

PDM: A parte de los testimonios, ¿qué otros insumos investigativos tienen ustedes para poder avanzar en los procesos?

N.H: Yo quiero resaltar mucho la verdad de las víctimas que hemos escuchado y que estamos escuchando en estas observaciones y que ha sido también la base de la investigación de cada uno de los macrocasos en la jurisdicción. Resulta muy luminoso para la opinión pública, para las investigaciones, lo que está visible.

El ser campesinos los dejaba en vulnerabilidad frente a un estigma que ocasionó múltiples desapariciones forzadas cometidas con a través de allanamientos a las casas, en unas circunstancias completamente irregulares en el que estos combates fingidos eran normalizados como si fuera esa gran región llena de guerrilleros en el que todo el mundo era guerrillero, las humillaciones, los tratos irrespetuosos, el bloqueo alimentario, todo eso se normaliza y queda en una región tan duramente golpeada en el que la cultura la vida pública, la vida privada está fuertemente mediada por estas prácticas criminales en el que ha transformado la forma de relacionarse y en el que se debe recuperar la confianza en el Estado.

PDM: Se empezó a hablar del proyecto de ocupar tierras para cambiar la actividad económica en la región, ¿Qué opina usted de esos elementos?

R.J: En la audiencia hemos mostrado varios mapas geoespaciales de cómo se va transformando el territorio cuando comparamos la cartografía y geografía vemos que desplazaron algunas actividades agrícolas de los campesinos para tener otro tipo de cultivos, eso es una muestra de que había unos planes concretos como sacar de manera arbitraria a través de la violencia a los campesinos y campesinas, con el pretexto de recuperar el territorio de las guerrillas. Eso es lo que hoy está quedando en evidencia, en el macrocaso 8 en esta primera audiencia lo que estamos mostrando al país es que en esta región se vio cruelmente esa situación y esa relación, una región que poco se ha investigado y poco se había mirado por la estigmatización de ser una región de la guerrilla.

PDM ¿Cuál es el universo de víctimas del subcaso?

R.J.: En esta región del oriente del país, la JEP identificó un universo provisional de al menos 854 crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, incluyendo desapariciones, desplazamientos, homicidios, secuestros y violencia sexual. Los informes y las bases de datos consultadas identificaron a 594 presuntos responsables, una cifra que podría aumentar a medida que avance el proceso. Los presuntos responsables de la fuerza pública fueron vinculados al proceso porque aparecen mencionados en los informes de víctimas o en versiones de otros comparecientes. Precisamente, la zona priorizada donde operaron los integrantes de estas unidades militares a comienzos del 2000 se consideró retaguardia de las extintas Farc-EP, debido a la influencia y el control territorial que ejercían sobre las poblaciones y los recursos geoestratégicos en disputa.

PDM:  La JEP es criticada por diferentes sesgos ideológicos, a veces de un lado, a veces de otro, se está pidiendo incluso ahora un Tribunal de Cierre, ¿cómo lo ven ustedes?

R.J: Miembros de la fuerza pública nos han dicho que siendo esta región una zona de retaguardia de las Farc, nunca tuvieron combates reales, esa es una verdad y hoy se está conociendo, porque el imaginario que había en el país era eso. Cuando van mostrando verdades pues a veces eso no les gusta mucho, porque convencieron a buena parte del país que toda la gente que vivía en esta región eran guerrilleros, hoy lo que venimos mostrando a través de las investigaciones es que no lo eran, fueron campesinos que los estigmatizaron para poder limpiar el territorio. Si no conocemos la verdad, no habrá garantías de no repetición.

N.H: El trabajo que estamos haciendo, tanto con respecto a compareciente de las extintas Farc responsables de crímenes atroces que están reconociéndose, como de la fuerza pública, estamos acercándose a la verdadera justicia de una forma acorde con el acuerdo de paz. Asimismo, estamos escuchando y estamos llegando a esclarecimientos importante respecto a responsabilidades de los más altos rangos, progresivamente esclareciendo y construyendo verdades territoriales que dan cuenta de unas dinámicas propias de los conflictos con cada uno de los casos que está investigando. Lo cierto es que la verdad está abriéndose camino y la verdad nos debe transformar como país, como nación, como sociedad.