Excomandante anmistiado de las FARC interpone tutela contra el Fiscal General de la Nación

Martín Leonel Pérez Castro, excomandante del frente 30 de las FARC-EP presentó hoy lunes una acción de tutela en contra del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ante la injustificada negativa de traslado a zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN). La tutela vincula igualmente al Director Nacional del Inpec y al Director de la penitenciaría La Picota.

El excomandante guerrillero, solicitado en extradición por el gobierno norteamericano, interpuso la tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Pérez Castro fue beneficiado con la amnistía de IURE por el Juzgado Veinticuatro de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, lo que anula y suspende su extradición de acuerdo a lo establecido en la Ley 1820 en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz.

La acción de tutela solicita al Tribunal que se ordene al Inpec el inmediato traslado de Martín Leonel Pérez Castro a la zona veredal y, además, que el señor Fiscal Néstor Humberto Martínez expida la resolucón de suspensión definitiva de la orden de captura con fines de extradición que pesa sobre el excomandante guerrilero.

El abogado Segundo Gabriel Parra Rodríguez, defensor del excombatiente de las FARC dijo que acudieron a la acción de tutela “debido a que transcurridos más de cuarenta días, a la fecha no se ha acatado lo decidido por el Juzgado Veinticuatro de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en concreto, no se ha hecho efectiva la boleta de traslado de Martín Leonel Pérez Castro a la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), con lo cual se incumple adicionalmente el compromiso del gobierno nacional de respetar lo acordado en la mesa de La Habana con el grupo insurgente de las Farc”.

El abogado añade que la demora en el traslado a la zona veredal de su defendido “Vulnera los derechos fundamentales de debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, y amenaza el derecho a la vida e integridad personal de Martín Leonel Pérez Castro”.

Parra Rodríguez enfatiza que “se resiste a creer que hoy desde la instancia penitenciaria y carcelaria se pretenda sabotear el proceso de paz, inventando procedimientos y en general aduciendo excusas a fin de impedir que las órdenes de los jueces de la república se cumplan en punto de lo decidido a favor de un ex miembro del grupo armado de las Farc”.

En el escrito de tutela el defensor afirma que “el Director de La Picota, con la anuencia del silencio cómplice de su jefe a nivel nacional, lo mismo que el titular de la Fiscalía General de la Nación, por alguna extraña razón, en todo caso sin sustento, pero peor aún, sin competencia y extralimitándose en el ejercicio de sus funciones, dilatan en el tiempo el cumplimiento del traslado que ordenó la boleta expedida desde el pasado 29 de junio, circunstancia que además de ser relevante desde el punto de vista disciplinario y penal, suma un freno más a la naciente experiencia de paz, arriesgando en la práctica la debida implementación del Acuerdo final suscrito entre el gobierno colombiano y las Farc”.

En otro de los apartes de la tutela, el defensor hace referencia al reciente pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en relación a la demora en el cumplimiento de los traslados a las zonas veredades de los excombatientes de las FARC presos en las cárceles del país. Según el organismo internacional el no cumplimiento de los traslados “…socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz…”. Añade la ONU que hace un “…llamado urgente a la solución de la situación de los integrantes de las Farc-EP que todavía se encuentran privados de la libertad, a pesar de la Ley 1820 aprobada el 31 de diciembre del año pasado y de los decretos expedidos por el gobierno nacional para agilizar este proceso…”.

En cuanto a la solicitud de extradición, el abogado Gabriel Parra pide al Tribunal Superior que “si la Fiscalía General de la Nación, representada por Néstor Humberto Martínez Neira, o uno cualquiera de sus delegados tenía reparos en este asunto, ha debido como el natural y lógico haber interpuesto los recursos de ley al interior de la actuación que cursó a propósito de la solicitud de amnistía de IURE y pedimento de traslado a ZVNT del señor Martin Leonel Pérez Castro, y no pretender de manera extemporánea impedir el acatamiento de la orden de un juez de la república, sobre todo, desatendiendo que como lo ha manifestado ya en varias oportunidades la Corte Suprema de Justicia con el aval del señor Presidente Juan ManueL Santos, como en el caso que nos ocupa el trámite de extradición se encuentra suspendido y lo que procede es impulsar sin peros la correcta implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc-EP”.