En el Meta 78 falsas víctimas han querido hacerle ‘conejo’ al Estado

La Unidad Nacional de Víctimas reportó que ha recibido 8.492 quejas sobre casos, de ellas 234 en la territorial Meta y Llanos Orientales, relacionadas con falsas víctimas, estafa y otros delitos que afectan a las víctimas del conflicto.

Hasta el 31 de julio del 2021, en el departamento del Meta se han interpuesto 78 demandas ante la Fiscalía General en contra de personas inescrupulosas que buscan apropiarse de manera irregular de los recursos de las víctimas. En todo el país esa cifra llega a 3.163 denuncias.

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Ramón Alberto Rodríguez Andrade, director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hizo estas revelaciones durante el lanzamiento de la nueva campaña antifraude de la entidad.

Curiosamente, el municipio donde más hay casos de denuncias ante la Fiscalía por falsas víctimas es San Juan de Arama, con 31 casos.

La estrategia de indagación y prevención contra el fraude de la Unidad para las Víctimas se ha constituido en un modelo exitoso de mitigación de riesgos de fraude, judicialización de conductas delictivas y salvaguarda de los recursos públicos de las víctimas.

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El funcionario dio a conocer que, de los casos denunciados, un 65% tiene que ver con falsas víctimas (falso testimonio, fraude procesal, fraude en el registro único de víctimas), 24% por estafa (falsedad en documentos, fraude de subvenciones, falsedad personal entre otros), y 11% por otros delitos como concusión, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales.

Rodríguez Andrade aseguró que durante la vigencia de la campaña antifraude de la Unidad para las Víctimas se han logrado 26 capturas a nivel nacional y la estrategia también ha permitido recuperar la suma de $71.472.917 que se habían apropiado personas inescrupulosas y que pertenecían a recursos destinados a las víctimas.

El director de la Unidad para las Víctimas dijo que se estima que “de las 41.312 personas excluidas del Registro Único de Víctimas hayamos salvaguardado cerca de 200.000 millones de pesos, evitando que falsas víctimas se apropien de recursos del Estado y permitiendo así reparar a quienes sí sufrieron afectaciones en el marco del conflicto armado”. Explicó que $178.441.774.608 corresponden a indemnizaciones administrativas, y $19.764.600.000 a ayudas humanitarias.

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Gracias a estas labores se ha logrado que los recursos programados para el pago de Ayudas Humanitarias y Pago de Indemnizaciones no se hayan realizado a terceros, logrando así que los receptores de estos correspondan a verdaderas víctimas en el marco del conflicto.

Así las cosas, con la exclusión de las 41.312 se han dejado de pagar $178.441.774.608 como valor estimado por indemnizaciones administrativas y por giro para atender ayudas humanitarias a posibles falsas víctimas.

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas, Vladimir Martin, reveló que al Grupo de Indagación y Protección Contra fraude, a 31 de julio de 2021, se han allegado 301 quejas por los canales de Servicio al Ciudadano, correo corporativo Grupo contra fraudes y pagina web, de las cuales se han interpuesto 92 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.