Fiscalía acusó al exgerente de EDESA por construcción de acueducto en zona de deslizamientos e inundaciones
- Publicado en Ago 15, 2021
- Sección Región
La Fiscalía General de la Nación acusó al exdirector técnico operativo y exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Meta (EDESA), Orlando Guzmán Virgüez; al representante de una unión temporal, Fernando René Rojas Otálora; y al interventor Rafael Ángel Sandoval González, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en la contratación y ejecución de un sistema de acueducto y alcantarillado en zona rural de Villavicencio.
El contrato investigado fue suscrito en 2011, por un valor de 2.350 millones de pesos y con un plazo de ocho meses.
El material de prueba da cuenta de que los hoy procesados, como integrantes de comité técnico del proyecto, habrían autorizado un cambio de diseño y del trazado de las obras previstas. En ese sentido, los trabajos se trasladaron a un sector de alto riesgo de remoción de masas e inundaciones, que estaba en la vertiente de una quebrada.
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Ante las evidentes dificultades, un ingeniero definió un plan de estabilidad que contempló cinco obras distintas para salvar el sistema de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, los acusados, al parecer, solamente avalaron una de estas y con unas características técnicas diferentes.
No acatar las indicaciones, al parecer, generó que la estructura sufriera graves daños con ocasión de un derrumbe ocurrido en 2016. Es así como se firmó un nuevo contrato para reconstruir los tramos afectados y concluir las obras pendientes. Esto generó un detrimento patrimonial por $171’000.000.
La Fiscalía identificó otras presuntas inconsistencias en distintas fases del proceso de contratación y ejecución como: ampliación del plazo definido, de ocho meses a cuatro años; construcción de 140 acometidas domiciliarias de las 440 pactadas; pago del valor total del contrato y liquidación de este con un acta de satisfacción, sin que el sistema de acueducto y alcantarillado estuviera terminado y en funcionamiento.
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Adicionalmente, se conoció que las familias a beneficiar recibieron agua potable en 2018, mucho después del tiempo esperado.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente al exgerente de EDESA y al representante de la unión temporal por los delitos de peculado y contrato sin el lleno de requisitos legales; mientras que el interventor deberá responder en juicio por el delito de peculado.
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