Felipe Harman denunció ante la Fiscalía presunto patrón de violencia contra campesinos del Meta y otras regiones

El presunto caso de violencia registrado en zona rural de Puerto López (Meta), se convirtió en uno de los principales argumentos de Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para denunciar ante la Fiscalía General de la Nación un presunto patrón de amenazas, intimidaciones y ataques contra familias beneficiarias de la Reforma Agraria en diferentes regiones del país.

Según informó la entidad, el hecho ocurrió en la madrugada del 24 de junio en la finca La Primavera, ubicada en la vereda Nare, en jurisdicción de Puerto López, donde cuatro hombres encapuchados irrumpieron en el predio que había sido adjudicado apenas el 28 de mayo a una organización campesina.

De acuerdo con la denuncia de la ANT, los atacantes golpearon y torturaron con machetes y palos a cuatro adultos y una menor de 14 años. Además, los responsables incendiaron la planta eléctrica, destruyeron vehículos y enseres de la familia, afectando sus medios de subsistencia.

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La Agencia indicó que el predio hacía parte de las tierras recuperadas por el Estado para avanzar en la Reforma Agraria y que, anteriormente, perteneció a Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a Estados Unidos y condenado por delitos relacionados con el narcotráfico.

Ante estos hechos,  Harman radicó una denuncia penal en la Fiscalía y aseguró que ya existe un patrón de violencia contra campesinos beneficiarios de los programas de acceso a tierras.

«Son más de seis fincas en las que han llegado sujetos a amedrentar a los campesinos en tan solo una semana. No podemos pasar por alto lo que está sucediendo», manifestó el funcionario al anunciar en sus redes sociales las acciones judiciales.

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La entidad sostuvo que, además del caso de Puerto López, se han documentado situaciones similares en predios ubicados en Magdalena Medio y Córdoba, donde las comunidades han denunciado amenazas, desalojos forzados, destrucción de bienes y presiones para abandonar las tierras adjudicadas por el Estado.

La ANT hizo un llamado urgente a la Fiscalía, a la Fuerza Pública y a los organismos de control para que se investiguen los hechos, se identifique a los responsables y se adopten medidas de protección para las familias campesinas que han accedido a tierras mediante la Reforma Agraria.