Fiscalía entregó cuerpos y asume caso sindicalista

Una fiscalía adscrita a la Dirección Especializada de Justicia Transicional realizó en Villavicencio (Meta) una ceremonia especial en la que hizo entrega a los familiares, de los cuerpos de dos víctimas del conflicto armado.

Los restos óseos de Wilson Antonio Castro Rubio y Dolfi Montras Herrera fueron inhumados en el año 2017, en condición de personas no identificadas CNI, en el cementerio de La Macarena (Meta), el cual fue intervenido por la Fiscalía. Mediante cotejo de ADN se logró obtener la plena identidad de las víctimas.

Según las investigaciones, estas personas habrían fallecido en el año 2007 en hechos aislados reportados por el Ejército como muertas en combate, en la vereda San Isidro de
Mesetas y en la vereda Crevaux, jurisdicción de Uribe (Meta), respectivamente.

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El ente acusador determinó que Castro Rubio tenía 27 años cuando falleció y fue reportado por sus familiares como desaparecido luego de salir a trabajar al campo y no regresó. Entretanto, se conoció que Montras Herrera, de 30 años al momento de su deceso, al parecer para la época era integrante de las Farc.

La deficiencia de los mecanismos judiciales de control, la falta de registros confiables, así como la incompleta información han dificultado, notablemente, la determinación del número de personas reportadas como muertas en combate y enterradas en La Macarena.

Según un informe de la ONU en el 2010, la cifra de 446 cuerpos es la más confiable sobre la cantidad de personas reportadas por la fuerza pública como muertas en combate entre marzo de 2002 y junio de 2010 y inhumadas como no identificadas en el cementerio municipal de La Macarena.

Estos cadáveres provienen de los municipios donde opera la Fuerza de Tarea Conjunta
Omega en los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare.

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La falta de transparencia sobre la procedencia, identidad y las circunstancias de la muerte de las personas enterradas como no identificadas en el cementerio de La Macarena son de particular preocupación frente a la práctica extendida de las ejecuciones extrajudiciales en
el país reportada por la Oficina en sus informes anuales desde el año 2004. En muchos de estos casos las víctimas de las ejecuciones fueron reportadas como muertas en combate y enterradas como no identificadas.

El departamento del Meta es el segundo departamento con más casos de ejecuciones extrajudiciales investigados por la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, la Oficina ha tomado nota de informaciones estatales y no estatales sobre la existencia de posibles
casos de ejecuciones extrajudiciales cuyas víctimas estarían enterradas en el cementerio de La Macarena, luego de haber sido reportadas por la fuerza pública como personas no identificadas muertas en combate. La Oficina ha emprendido la observación de los mismos.

Sindicalista USO

Investigadores de la Unidad de Reacción Inmediata URI de la Sijin de la Policía asumieron los actos urgentes contra los presuntos responsables del atentado ocurrido en la madrugada del lunes 17 de febrero en contra del dirigente sindical Jonathan Urbano Iguera de 33 años.

La víctima del atentado es un trabajador de Ecopetrol y Presidente de la Subdirectiva de la Unión Sindical Obrera USO en Puerto Gaitán (Meta). Según su denuncia, la situación se presentó cuando se desplazaba hacia Puerto Gaitán (Meta) por el sector del corredor ecológico en la Vereda El Amor, al sur oriente de Villavicencio (Meta) en el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado. Según su relato, iba como pasajero en el
asiento trasero, con sus dos escoltas, cuando escuchó dos disparos que rompieron el vidrio trasero.

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De acuerdo con información entregada por los escoltas del dirigente sindical, fueron interceptados por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y los agredieron
con arma de fuego. Sin embargo, por la reacción de los escoltas, los victimarios emprendieron la huida.

El dirigente sindical señaló que ha sido víctima de amenazas pero que desconoce con certeza su origen.

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