Fiscalía investiga a funcionarios por contratos irregulares

La Fiscalía de la Unidad de Delitos contra la Administración  Pública imputó cargos a  ocho ex funcionarios de la anterior administración departamental del Meta, (cuatro  ejercen cargos públicos en la Unidad Nacional de Víctimas y el actual Gobierno) investigados por contratos sin cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos y otros delitos entre Gobernación del  Meta y corporación Red País Rural.   

Durante la audiencia de imputación de cargos,  que se llevó a cabo el día de ayer (lunes) el fiscal 19 seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Ebert Candela Orozco, solicitó al juez imponer  detención domiciliaria contra los procesados, o por el contrario una pena no privativa de la libertad, con la  premisa  de que renuncien a los cargos públicos que actualmente ejercen,  para prevenir que vuelvan a incurrir, por acción o por omisión, en conductas punibles como  las mencionadas.

Sin embargo, los imputados no aceptaron los cargos ensilado ante el juzgado 2 penal municipal ambulante con función de control de garantías.  

 

Según el noticiero Internoticias   los abogados defensores alegan que no se pueden imputar  responsabilidades generalizadas ya que posiblemente quien se habría apropiado de los dineros  pudo haber sido solo una persona.

 

Para resolver el asunto, el Juez Segundo Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías, Andrés Giovanny Rosas Calvo, suspendió la audiencia para analizar detalladamente el tipo de medida a imponer, teniendo en cuenta que actualmente cuatro de los procesados son funcionarios públicos y los otros cuatro trabajan en actividades particulares.

La audiencia se reanudará el próximo jueves 16 de marzo a las 8:15 de la mañana para resolver la petición hecha por el ente investigador, por la firma de un convenio entre la gobernación del Meta y Red País Rural por $5 mil 411 millones de pesos, orientado a fortalecer proyectos agroindustriales en cacao, café, lácteos, frutales, caña panelera y banco de maquinaria.

Los funcionarios son, Vladimir Sierra Martínez, actual asesor jurídico del Departamento, Hernando Martínez Aguilera, secretario de Víctimas de la Gobernación, Luz Estella Casasfranco Vanegas, funcionaria de la Unidad Nacional para la Reparación a Víctimas.

Los otros procesados, Carlos Humberto Osorio Monroy, Daniel Santiago Salazar Uribe, Francy Nayibe Umaña, Carlos Emilio Romero Gómez y John Fredy Chávez Cagua y Fredy Antonio Vargas Ramírez, este último no asistió a las audiencias.

 

La póliza de seguro se hizo efectiva, recuperándose los $405 millones de pesos, valor del que presuntamente se apropió país rural.