Gobierno implementará eutanasia y otras medidas para reducir población de hipopótamos en Colombia

El Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de un plan de choque para controlar el crecimiento de la población de hipopótamos en Colombia, una especie declarada invasora que genera impactos en los ecosistemas y riesgos para las comunidades. La estrategia, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, contará con una inversión de 7.200 millones de pesos y contempla acciones para reducir progresivamente el número de individuos en el país.

Según la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, la medida incluye por primera vez en Colombia la implementación de un protocolo técnico de eutanasia, que se aplicará cuando no sea posible trasladar a los animales a otros países o recintos especializados.

“Para reducir la población de hipopótamos hay dos caminos: la translocación y la eutanasia. Esta última es una medida técnica que hace parte de lo que la ciencia recomienda cuando no es posible el traslado de los animales”, explicó la funcionaria.

El plan será financiado a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad y permitirá iniciar acciones de manejo integral de la especie, especialmente en zonas consideradas de alta complejidad. En esta primera fase se priorizará la extracción de individuos identificados en cuatro regiones del país.

Las acciones estarán a cargo de las corporaciones autónomas regionales Cornare, Corantioquia, Corpoboyacá y la CAS, que deberán ejecutar las medidas para reducir la población y controlar su distribución geográfica.

Actualmente, se estima que en Colombia existen más de 200 hipopótamos, descendientes de cuatro ejemplares introducidos ilegalmente en la década de 1980. De no aplicarse medidas de control, las proyecciones indican que la población podría llegar a 500 individuos en 2030 y cerca de 1.000 en 2035, lo que incrementaría los impactos ambientales.

Los hipopótamos fueron declarados oficialmente especie exótica invasora en 2022, debido a los efectos negativos que generan en los ecosistemas, especialmente en la calidad del agua y en especies nativas como el manatí y la tortuga de río.

El Gobierno ha explorado la posibilidad de trasladar algunos animales a otros países; sin embargo, esta opción ha enfrentado múltiples dificultades. Hasta ahora se han adelantado conversaciones con Ecuador, Perú, Filipinas, India, México, República Dominicana y Sudáfrica, pero los procesos se han visto frenados por barreras legales, costos elevados y limitaciones logísticas.

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El protocolo diseñado por el Ministerio establece dos modalidades: eutanasia química y eutanasia física. La primera se realizará mediante procesos de aislamiento, sedación y aplicación de medicamentos hasta la muerte del animal. La segunda se aplicará únicamente en casos donde no sea posible ejecutar el procedimiento químico por condiciones logísticas o de acceso al  territorio.

Según el Ministerio, estos procedimientos contarán con altos estándares de bienestar animal, bioseguridad y protección de fuentes hídricas, además de trazabilidad en cada intervención.

El plan de choque se desarrollará en varias etapas durante 2026. La hoja de ruta contempla la publicación de lineamientos técnicos en abril, la firma de convenios con las corporaciones ambientales en junio y el inicio de las acciones de control en el segundo semestre del año.

Además, las autoridades ambientales deberán realizar monitoreo permanente de la especie y presentar informes periódicos al Ministerio con datos sobre los individuos intervenidos, los métodos utilizados y las coordenadas de cada operación.

Con estas medidas, el Gobierno busca proteger la biodiversidad, reducir riesgos para las comunidades y frenar el crecimiento acelerado de esta especie invasora en el país.