Gobierno Petro contra la protesta social | Opinión
- Publicado en Oct 01, 2024
- Sección Columnistas, Lo Mas Reciente
Colombia es el país con más peajes en Latinoamérica, en 2022 se contaban 168, seguido de Brasil con 120, México con 87 y Chile con 50. Pero esto no se ha traducido en mejor infraestructura vial de acuerdo con un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2022 que evaluó la calidad de las carreteras de 162 países en el mundo, ubicando al país en el puesto 33 con las peores carreteras y más lentas, y en puesto 5 en Latinoamérica.
El estudio encontró que recorrer 300 km en el país puede tardar en promedio poco más de 7 horas y los vehículos avanzan a una velocidad promedio de 57 km/hora, mientras en Brasil lo hacen a 72 Km/hora, en México a 90 km/hora y en Chile a 92 km/hora. Tenemos más peajes y peores vías, evidencia clara del fracaso de la política de concesiones viales del país.
Para completar, tenemos el quinto peaje más costoso de la región y ocupamos el quinto puesto de las vías más peligrosas del mundo. ¿Quedan dudas del fracaso?
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Pero a pesar de 30 años de fracaso, los peajes a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que sostienen las abultadas ganancias del pequeño grupo de conglomerados financieros que controlan las concesiones viales, recaudaron en 2023 más de $4,4 billones del bolsillo de los colombianos.
La situación empeorará con los tres aumentos de tarifas de peajes decretados por el gobierno Petro para este año, dos que ya se realizaron de 13,12% y 4,64%, y un aumento que está por venir también de 4,64% para antes de finalizar el año. En plata blanca, le sacarán a los colombianos el próximo año $1,1 billones de pesos más que en 2023, sin contar el aumento de 2024 que será equivalente a la inflación.
Esto ocurre en el marco de una economía estancada con alta inflación. En 2023 el crecimiento de la economía fue de tan solo del 0,6% mientras la inflación cerró en 9,28% y los desocupados fueron 10,2% de la fuerza laboral. Sumado a la reforma tributaria regresiva de 2022, el aumento absurdo de la gasolina, la opción tarifaria que aumentó el precio de la energía y el catastro multipropósito, entre otros que afectan el bolsillo de los hogares.
Todo lo anterior hizo que el ahorro nacional cayera a 10,1% del PIB y el gasto de los hogares cayera un 2,36% respecto a 2022. Sin contar otros males que aquejan a la economía nacional y se materializa en mayores dificultades de vida para los colombianos.
Por eso no es extraño que en varias zonas del país aumenten el número de protestas contra las concesiones viales y sus abusivos peajes. Los colombianos no aguantan más, no están dispuestos a seguir pagando unos peajes costosos que no les mejora la vida, todo lo contrario, se les hace peor, más costosa y más difícil.
Ese es el origen de las protestas, así el Gobierno Petro quiera desconocerlo diciendo que lo que hay es una “utilización política de los peajes”, en otras palabras, las comunidades protestan por votos. Por eso generó tanto rechazo el comunicado firmado por los Ministerios de Defensa, del Interior y de Transporte junto a la ANI, pues este es un atentado contra el derecho a la protesta social y una defensa al multimillonario negocio de las concesiones viales.
https://twitter.com/ANI_Colombia/status/1838335671322222669
El comunicado es equivocado de principio a fin. Además del desconocimiento del origen del justo reclamo social, muestra la “tarifa diferencial” como la gran solución, cuando en la práctica es un simple contentillo legal, limitado y temporal, para un reducido número de habitantes mientras a la gran mayoría le cargan el diferencial de la minoría “beneficiada”. La concesión no pierde, a ella le cumplen sí o sí, su ganancia real del 12% al 15% pactado.
También defiende, sin sonrojarse, la política de concesiones de los gobiernos anteriores al indicar que “para materializar las grandes obras de infraestructura que necesita el país” solo es posible por el camino de las Asociaciones Público Privadas (APP) y las concesiones de iniciativa Privada (IP), desconociendo el fracaso de esta política en la nación.
Incluso el Gobierno Petro se atrevió a amenazar a los manifestantes en el último punto, indicando que el justo y pacifico hecho de “bloquear” un peaje “puede ser considerado un delito de daño en bien ajeno”, “así como un acto de obstrucción de vías públicas” puede acarrear “penas que van desde 16 a 90 meses y multas de 37,5 SMLMV”, unos $48,8 millones de pesos, “Siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”.
Finalmente dejan claro que, “como Gobierno Nacional no podemos aceptar ni normalizar que se suban las talanqueras impidiendo el cobro legal de los peajes”, ¿y entonces, bolillo y gases para las comunidades que protestan de forma pacífica y cultural contra los peajes abusivos del país?.
Con amenazas y represión no se soluciona nada de fondo. El gobierno puede evaluar las concesiones viales con protestas, analizar los reclamos de las comunidades y renegociar las leoninas condiciones contractuales de tantas concesiones, pues tiene la estructura burocrática, los recursos económicos y el poder político para hacerlo, pero decidió hacer todo lo contrario.
Sin duda, si este comunicado lo lee un seguidor del Presidente Gustavo Petro, bien intencionado y desprevenido, seguro pensará que es del gobierno anterior; mucha decepción sentirá al saber que es del gobierno del “cambio” sin cambio que ahora está en contra de la justa protesta social.
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