Indígenas serán autoridad ambiental como Cormacarena

La decisión que establece las normas de los territorios indígenas en materia ambiental no fue bien recibida por las autoridades ambientales del país.

Por Lina Herrera

La expedición del Decreto 1275 de 2024 de la Presidencia de la República, abrió debates en el sector ambiental. En el documento “se establecen las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su coordinación efectiva con las demás autoridades y/o entidades”.

En palabras del presidente Petro, las comunidades indígenas tendrán en sus territorios la misma autoridad que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), a las cuales el mandatario criticó por su labor.

Este decreto coincide con el 1094 de 2024 (Atea), en donde se otorgan facultades territoriales, económicas y ambientales a los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca, quienes recibieron positivamente la decisión. Sin embargo, para la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), ambos decretos lesionan la autonomía de las CAR.

Mediante un comunicado, Asocars sostuvo que, tanto el Decreto Ley 1275 de 2024 como el 1094 de 2024 (Atea) vulneran significativamente la autonomía y funciones de las 33 corporaciones del país, impactando negativamente los principios de coordinación y participación de las instituciones del Sistema Nacional Ambiental (Sina), además de transgredir competencias que pertenecen al Congreso de la República.

“El Gobierno no puede atribuirse funciones que son propias del Congreso, ni tampoco puede modificar y/o asignar funciones a actores distintos de las señaladas en la Ley 99 de 1993, lo que supone una modificación tácita de la citada ley. De igual forma, nos veremos avocados a la atomización en el ejercicio de autoridad ambiental regional; y en una complejidad enorme en la toma de decisiones; conflictos de competencias e inseguridad jurídica en términos ambientales”, sostiene la Asociación.

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En conclusión, Asocars, indicó que, junto a las CAR del país, manifiestan su rechazo y preocupación, toda vez que dichos decretos, no aportan a la solución de la situación ambiental regional, sino que entorpece y genera conflictos regionales y afecta la gestión de las autoridades ambientales.

Por su parte, Wilson López Bogotá, director (e.) de Cormacarena, respondió a Periódico del Meta que, un equipo de abogados está analizando el impacto que el decreto podría tener en la jurisdicción de la corporación.

“Siempre hemos trabajado con las comunidades indígenas, hemos apoyado todo el desempeño y desarrollo de estas, con planes de vida, apoyo en Pagos por Servicios Ambientales. Ellos siempre han tenido un espacio en el Consejo Directivo de la corporación; estamos evaluando el impacto dentro de la estructura administrativa”, manifestó López.

Frente a las dudas sobre la amenaza a los trabajos de las CAR, sobre todo en la asignación de licencias ambientales, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Derecho Tributario, de la Universidad del Rosario, comentó a PDM que el decreto tiene la función de “regular” y esto debe cumplirse en conjunto con las corporaciones.

El profesional tuvo en cuenta el artículo 330 de la Constitución Política, el artículo 4 de la Ley 21 de 1991, entre otros que hacen parte de los fundamentos que usó Presidencia para emitir el decreto.

“Esa regulación tiene que estar en estricta consonancia con lo que dice el artículo 330. La regulación no puede alterar la legislación actual. En ese sentido, no cambiaria la estructura legal vigente y reglamentaria”, comentó el docente.

Asimismo, al señalarse que el decreto destaca la autonomía de los pueblos indígenas, permitiendo que sus autoridades emitan regulaciones con autonomía normativas en cuanto a la protección, preservación, uso y manejo de los recursos naturales en sus territorios, Amorocho destacó que: “eso está referido en la Constitución y la Ley, y es la plena coordinación que deben tener con las autoridades territoriales y nacionales”.

“En mi sentir, no debería modificar absolutamente nada y desde luego, se debe esperar el desarrollo normativo que se de con base en el decreto 1275 de 2024. Lo que no se debe violentar es el principio de coordinación entre las entidades territoriales, este nuevo cuerpo de autonomía de los pueblos indígenas y el principio de la unidad nacional. En el momento no se podría prever de alguna manera situaciones de dificultades en manera económica porque no se está modificando la legislación vigente”, concluyó Amorocho.

Finalmente, para Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Sinchi, la decisión es una expectativa que tenían las comunidades indígenas desde hace varios años.

“Siendo leal a lo que sucede, hay que reconocer que los indígenas son autoridades en sus resguardos. Ahora las comunidades y sus direcciones ambientales tendrán que hacer una muy buena articulación con las autoridades ambientales y con parques nacionales para mejorar en la racionalidad y, sobre todo, para mejorar las condiciones que tenemos en el territorio, los parques aquí están muy amenazados. Hay que evitar conflictos y entender los roles de las corporaciones ambientales y las comunidades indígenas”, enfatizó.

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Indígenas del Meta opinan sobre el decreto 1275 del 2024

Para Fernando Vargas, líder indígena en Puerto Gaitán, el Decreto favorece a los pueblos indígenas, ya que, según él, desde las corporaciones ambientales no se han brindado suficientes beneficios.

“No se ha visto ese beneficio para las comunidades en cuanto a proyectos de soberanía alimentaria, infraestructura, educación, todo recurso en lo que se pueda invertir. Con el acuerdo hay coordinación con los entes territoriales y corporaciones autónomas, porque tiene que haber una concertación con las autoridades indígenas para invertir o disponer de los recursos”, dijo Vargas.

El representante resaltó que: “los pueblos indígenas y afrodescendientes somos los que hemos pervivido y tenemos el conocimiento ambiental y medicinal. El decreto 1275 es muy favorable, porque habrá mayor efectividad en cuanto la ejecución, habrá guardianes, es decir, autoridades en cada territorio, eso es lo que se necesita”.

Por su parte Mitchell Castillo, integrante del Consejo Directivo de Cormacarena por comunidades indígenas, respondió a PDM que el decreto “aún no está reglamentado, no hay mucho por ahora que se pueda decir al respecto”.

Agregó que: “más allá del hecho de que aplica en resguardos y territorios indígenas poseídos, que para temas de territorialidades. Se dice que nosotros las comunidades indígenas y sus territorios somos autoridades ambiental, tal cual como una CAR. Digamos que es muy apresurado decir cómo funcionará ese tema”, explicó.