Intervención de EPS Sanitas tomó “desprevenidos” a sus directivos

A pesar de que las intervenciones a las EPS se han dado en los últimos años por falta de capacidad de atención a sus usuarios o falencias administrativas, la decisión de la Superintendencia de Salud de intervenir por un año a la EPS Sanitas, causó sorpresa en diferentes gremios y alerta porque se produce en momentos en que parece hundirse la reforma a la salud.

La intervención administrativa ordenó la toma de posesión de los bienes y negocios e todo el país, luego de evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada estimada en 5.7 millones de afiliados.

En el Meta hay 183.078 usuarios activos en Sanitas, de los cuales 155.091 son del régimen contributivo; mientras que en Casanare hay 97.926 usuarios de esta EPS.

“Es importante que toda la población afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático; que durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud”, señaló el superintendente, Luis Carlos Leal Angarita.

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Aunque aún no se pronunciaron de manera formal, los directivos de la EPS informaron que la decisión los tomó “desprevenidos” y que no tenían presupuestada una intervención de la entidad, pese a que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tuvo un encontrón con la empresa y pidió a la Contraloría levantar el velo corporativo sobre esta empresa de salud, lo que sorprendió a los gremios.

Para algunos analistas, la decisión del gobierno Nacional podría considerarse una forma de presión al Senado, que este martes reanudaba la discusión de la reforma a la salud, cuyo trámite está atascado.

La Supersalud dijo que a diciembre de 2023, las deudas de esta Sanitas con las IPS ascendían a más de dos billones de pesos, “poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras”.

Con la adopción de la medida, la Superintendencia designó como interventor a Duver Vargas para que adelante la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y lleve a cabo el proceso de intervención.

Se constató, dijo la Supersalud, una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones dirigidas a la EPS Sanitas durante el año 2023, con un total de 185.634 reclamos y www.supersalud.gov.co una tasa de incidencia de 321.25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera significativamente el promedio nacional.

Para la entidad supervisora, este incremento notorio en las quejas no solo refleja una crisis en la capacidad de respuesta de la EPS frente a las necesidades de sus usuarios, sino que también evidencia una profunda brecha entre los servicios de salud prometidos y los efectivamente entregados.

Reacciones

Para Martha Herrera,  de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas y usuaria de Sanitas, las EPS que han sido intervenidas por el Estado son las que más barreras y dificultades ponen a la hora de un diagnóstico, un tratamiento adecuado y la entrega de medicamentos a sus pacientes.

La representante de los pacientes indicó que ejemplo de ello son las EPS ya intervenidas como Savia Salud en Antioquia a mediados de 2023 y en septiembre pasado a Famisanar que a pesar de haber renovado la autorización de funcionamiento para operar en el régimen contributivo también recibió el mismo trato de intervención.

“Tal determinación gubernamental por experiencias muy conocidas llevan al deterioro en la salud de pacientes con enfermedades huérfanas, ya que no reciben a tiempo los medicamentos ni mucho menos hay diagnósticos que permitan identificar una patología huérfana que pone en riesgo su vida”, dijo Martha Herrera.

Por su parte la presidente de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, explicó que los pacientes y su oportuna atención médica deben prevalecer sobre cualquier consideración de la Superintendencia de Salud sobre la EPS Sanitas.

“La intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud deja muchas dudas y preocupaciones como por ejemplo la garantía de la buena atención a los 5,7 millones de pacientes; que la empresa cuente con todas las garantías en el proceso, que haya respeto a la propiedad privada y que todas las acciones estén enmarcadas en el respeto a la Ley y la Constitución”, puntualizó la dirigente gremial.