Juan Diego Muñoz es investigado por obras en otros departamentos

Documento revela posible implicación de congresistas en contratos irregulares, en este caso diferentes a los ya implicados con la Unidad Nacional de Gestión.

Un documento entregado por María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se ha convertido en una pieza clave para que la Corte Suprema de Justicia determine si inicia investigaciones contra 27 congresistas, entre ellos el exrepresentante a la Cámara por el Meta, Juan Diego Muñoz.

El documento contiene un listado de los integrantes de las comisiones económicas del Congreso, donde figura Juan Diego Echavarria, de la comisión III del Senado. En este documento se resalta trabajos de pavimentación en Angelopolis y San Pedro Antioquia, y en Fortul Arauca, donde se destaca la participación de Efraín Cepeda para el mejoramiento del pavimento mediante nuevas tecnologías.

Juan Diego Muñoz aparece relacionado con dos contratos en Boyacá, que superan los 5.000 millones de pesos, destinados al mejoramiento de la red terciaria del municipio de Saboyá, a través de la secretaría de Infraestructura.

La Corte Suprema de Justicia determinará si se cometieron delitos con estos contratos.

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La noticia ha generado reacciones en el Meta, donde algunos ciudadanos han expresado su frustración, ya que consideran que Muñoz se enfocó en llevar obras a otros departamentos, descuidando las necesidades del Meta.

La investigación de la Corte Suprema de Justicia se encuentra en curso, y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre el caso.

Desde el año pasado, la Fiscalía General de la Nación dispuso la compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que, indague la posible participación del exrepresentante a la Cámara, Juan Diego Muñoz Cabrera, y ocho congresistas más en hechos de corrupción efectuados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Lo anterior, tras las menciones y elementos de prueba hallados en medio de la investigación que se le realiza a Olmedo López, exdirector de la Ungrd; el exsubdirector Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero, quienes serían responsables de actuaciones ilegales detectadas en varios procesos contractuales de la Unidad, entre ellos, la adquisición de carrotanques para garantizar el abastecimiento de agua potable en La Guajira.

Cabe recordar que Muñoz ha estado en el ojo de la Procuraduría General de la Nación por supuestas irregularidades en la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) cuando fue secretario de Educación del Meta en el 2016.

“La entidad estableció que posiblemente se omitió en el componente técnico una minuta nutricional acorde a las exigencias del programa, lo que pudo afectar las necesidades nutricionales de la población escolar, con lo que habrían quebrantado los principios de economía, eficacia y responsabilidad”, señaló la Procuraduría.