La ANI pide medidas para garantizar el orden público en peajes del Meta

En un comunicado emitido ayer, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) exhortó a la Gobernadora del Meta y a los alcaldes de Villavicencio, Acacías y Granada a retomar el control de los peajes en sus jurisdicciones, señalando la necesidad de restablecer los cobros que se han visto interrumpidos por manifestaciones sociales.

La ANI, reconociendo la legitimidad de las protestas pacíficas amparadas en la Constitución, reiteró que estos actos no deben transformarse en vías de hecho que interfieran con la legalidad de los contratos de concesión en curso. Aseguró que las interrupciones en los cobros afectan el financiamiento de las infraestructuras viales de la región.

Cabe recordar que, los peajes implicados en las protestas son: Puente Amarillo, La Libertad, Ocoa e Iracá; en donde los manifestantes han mantenido las talanqueras levantadas, imposibilitando el recaudo.

En el caso del peaje de Puente Amarillo, la ANI reportó una pérdida acumulada de ingresos de $7.281 millones hasta mediados de octubre, mientras que en La Libertad, las pérdidas ascienden a $10.988 millones. 

«Desde julio de 2024 se han llevado a cabo mesas de trabajo con la comunidad del área de influencia del proyecto debido a las inconformidades manifestadas sobre el peaje. A partir del 2 de agosto, las talanqueras del peaje Puente Amarillo han permanecido levantadas por la comunidad. En respuesta a esta situación, se han realizado diez mesas de diálogo entre julio y octubre, siendo la más reciente el 31 de octubre. Durante estas reuniones la ANI ha presentado sucesivas propuestas y reafirmó su compromiso con la última propuesta, anunciada el 13 de septiembre, que incluye un esfuerzo significativo al compensar un monto de $5.329 millones anuales. Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada por los manifestantes«, compartió la ANI.

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Sumado a lo anterior, la Agencia destacó que, aunque apoya las dinámicas de diálogo social, el no recaudo compromete la ejecución y sostenibilidad de los proyectos viales, poniendo en riesgo la estabilidad de la infraestructura pública en el Meta. Por ello, hizo un llamado a los gobiernos locales para que actúen dentro de sus competencias para restablecer el orden en las estaciones de peaje y evitar un daño mayor al erario público y a la operación vial en la región.

Por su parte, desde el Comité No Más Peaje Puente Amarillo, se emitió un pronunciamiento en el que rechaza lo que considera una posible intervención violenta en los puntos de peaje, con el uso de la fuerza pública para disolver las protestas.

«Esta intención parte de la solicitud oficial que hizo la ANI el 7 de noviembre de 2024 a la Gobernación y alcaldes de Villavicencio, Acacías y Granada. Importante saber que hubo reunión entre el Gobierno Nacional y las comunidades de Puente Amarillo en la Gobernación del Meta donde la mesa quedó abierta a pesar de no haber llegado acuerdo y aún así, ese mismo día solicitan la intervención violenta de los peajes. Adicional las otras tres mesas con los comites de los peajes de Ocoa, Iraca y la Libertad también quedaron abiertas. Lo anterior indica que cualquier intervención viola el decreto 003 de 2021 que es el protocolo para el derecho a la protesta«, expresó el Comité.

Finalmente, el Comité  reiteró su compromiso con el diálogo y advirtió que, en caso de que el gobierno opte por la fuerza en lugar de soluciones concertadas, este deberá asumir la responsabilidad sobre “la integridad y la vida de las comunidades afectadas”.