Las regalías | Opinión

Regalías

Por Gilberto Estupiñán Parra / Jefe Oficina Asesora Jurídica

Una de las principales misiones del Departamento Nacional de Planeación -DNP- es generar y difundir conocimiento en materia de políticas públicas y planeación del desarrollo. El Derecho Público Económico, por tanto, es nuestro marco de referencia diario y el ámbito en que nos hemos propuesto aportar ideas útiles para la academia y para el quehacer de otras autoridades, en especial las territoriales, responsables últimas de la materialización de las finalidades sociales del Estado.

Esto cobra especial relevancia cuando se considera el actual contexto jurídico del país. La reforma del Sistema General de Regalías es todavía reciente y su proceso de implementación vía reglamentaria apenas está en marcha. Tales recursos son cruciales para alcanzar las metas de desarrollo de las entidades territoriales, de ahí que sea prioritario que estas se apropien del funcionamiento de este régimen.

Lea también: Telemedicina | Opinión

Igualmente, se aproxima el cierre del actual Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de uno nuevo. Esto representa retos importantes en relación con los balances y la culminación del proceso de implementación del primero y la elaboración de insumos idóneos para la adecuada formación del segundo.

Se puso a disposición del público un nuevo producto de la Oficina Asesora Jurídica: una versión comentada del Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías (Dec. 1821 de 2020), en el cual se analizan, capítulo a capítulo, los pormenores de las diversas asignaciones que componen el sistema, los procedimientos y etapas de los proyectos de inversión, sus reglas presupuestales y los mecanismos de control pertinentes, todo ello con el propósito de facilitar el entendimiento de este régimen y el acceso a estos recursos de las diversas entidades públicas. 

Finalmente, es de reseñar el ambicioso trabajo que adelanta el Gobierno Nacional para la modernización de la administración pública. Esto implica, por supuesto, la adopción de medidas que favorezcan la implementación de nuevas tecnologías en el quehacer público.