Las zonas azules siguen sin producir

Al parecer, Alborada no cumplió con las condiciones ordenadas desde la Alcaldía de Villavicencio.

Por Catalina Gallego

La investigación continúa. Después de conocer la realidad en la que se encuentran las zonas de permitido parqueo, las cuales están ahora bajo el mando de particulares que se autodenominaron ‘dueños de la calle’ y cobran por ‘subarrendar’ las áreas de parqueo, surgen nuevos detalles.

Es claro que no se tiene una fecha para que estas zonas vuelvan a funcionar, sean operadas por la administración y el municipio adquiera estos recursos.

Así como lo indicaron los trabajadores que hicieron parte de Alborada, Jhon Garzón, exgerente del consorcio que estuvo a cargo de estas zonas por siete años, aseguró que varias de las personas que cobran cuota para darles ‘permiso’ a otros de cuidar las motos y los carros, son los mismos que estaban mucho antes de entrara a operar el consorcio particular.

“Ahora el que trabaja es el primero que llega a las 7:00 de la mañana y se va a las 7:00 de la noche. También volvieron los carteles de personas que arriendan las esquinas, entonces se perdió una el control y la orientación que durante siete años les dio el consorcio a las zonas de permitido parqueo”, indicó Garzón.

Esta situación, que también se encontró cuando empezó a operar el consorcio, había tenido un avance de solución ya que de la mano de la Policía se implementaron estrategias para retirar a estas personas y las zonas funcionaran adecuadamente. “El consorcio empezó a retirar a esas personas con la Policía y con la oficina de Espacio Público, ya teníamos un avance y dejaron perderlo”.  

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El consorcio Zonas de Permitido Parqueo dejó de funcionar el 12 de julio de 2021 porque el contrato de concesión cumplió con el tiempo que se había acordado desde el 2014.

“Nosotros teníamos un contrato de concesión que nos lo había autorizado el Concejo Municipal, el contrato era por siete años, desde el 2014 hasta el 2021. Cuando le propusimos al alcalde Felipe Harman prorrogar ese contrato dijo que no porque él directamente iba a operar las zonas azules. Ya estamos viendo las consecuencias”, aseguró el exgerente del consorcio.

Según Garzón, el municipio recibía un porcentaje de lo que ganaba el consorcio por estas zonas e indicó que la destinación de estos recursos era para el mejoramiento de la malla vial. “El consorcio le daba el 20% al municipio, libres y de manera anticipada. Esa tasa, por el uso del permitido parqueo, tenía como destinación el mejoramiento de la malla vial”.

Algunas de las funciones del consorcio era encargarse de hacer las demarcaciones, poner señalizaciones, indicarles a los ciudadanos en dónde estacionarse y hacer el respectivo cobro.

“Durante todo el tiempo que duró en vigencia, el consorcio le representó ingresos al municipio por más de 2.000 millones de pesos. Este privado se hacía cargo de las demandas y de todo”, aseguró una fuente cercana, que prefiere omitir su nombre.

Una vez finalizado el contrato con el consorcio, el alcalde Felipe Harman le entrega el contrato a la empresa Alborada, según la fuente cercana al tema “la condición era continuar con los 87 puntos de la ciudad que tenía el consorcio y explotar más. Además, debían modernizar el parqueo, por lo que iban a instalar parquímetros automatizados en las zonas, pero es la hora y no lo han hecho”.

Aunque estas fueron las condiciones, una vez se finalizó el contrato se determinó que estas “no habían sido cumplidas”.

“El contrato inicial fue de diez meses por un valor de 4.700 millones de pesos, pero se hicieron algunas prórrogas y lo que Alborada cobraba debía devolverle al municipio”, y añadió que “en febrero se terminó el contrato y nunca explotaron las 87 zonas iniciales, solamente 23”, explicó Garzón.

Debido a esta situación, la fuente confirmó que hay una investigación por este dinero, ya que ni siquiera han presentado informes de lo que Alborada ha devuelto al municipio. Ante estas declaraciones, Periódico del Meta intentó buscar una respuesta con el secretario de Movilidad, Mauricio Frías, frente a la investigación, pero no fue posible.

Por ahora, esta situación preocupa a los ciudadanos porque el municipio está dejando de percibir recursos. El exgerente del consorcio Zonas de Permitido Parqueo, dijo a Periódico del Meta que “lo que se está generando es un detrimento patrimonial grandísimo porque el Estatuto de Rentas tendría que cobrar ese arriendo, este obliga a que un carro que se parque en una de estas zonas es un carro que debe pagar”.

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