¿Más cámaras significan más seguridad? Expertos analizan el megaproyecto de Villavicencio

La Administración municipal impulsa un megaproyecto para modernizar la seguridad de la ciudad con tecnología de vigilancia, reconocimiento facial y nuevos puntos de atención policial. Sin embargo, los resultados dependerán más allá de la instalación de equipos.

Por Melissa Céspedes 

Ante los desafíos que plantea la inseguridad en Villavicencio, la Alcaldía impulsa un megaproyecto de seguridad por $46.000 millones que busca fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta de las autoridades. 

La iniciativa, radicada ante el Ministerio del Interior, contempla la ampliación de la red de cámaras, la construcción de nuevos CAI, alarmas comunitarias y el traslado del Centro de Monitoreo de la Policía Metropolitana a instalaciones de la Administración municipal.

Un modelo similar se encuentra próximo a entrar en operación en Yopal, donde la Gobernación de Casanare impulsa un Centro de Inteligencia y Videovigilancia que contará con 238 cámaras, reconocimiento facial, lectura de placas, más de 100 kilómetros de fibra óptica y tecnología de última generación para apoyar la lucha contra el delito.

Sin embargo, expertos consultados advierten que el verdadero reto no está únicamente en instalar cámaras o construir un centro de control.

El coronel (r.) Andrés Segura, quien participó en la implementación de un Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias (CIES 1-2-3) en Villavicencio en 2017, señaló que la seguridad va más allá de instalar cámaras o tener un centro de monitoreo. 

Aunque aclaró que desconoce si el proyecto actual corresponde a esa infraestructura, recordó que el modelo de entonces articulaba a la Policía, organismos de socorro y entidades de apoyo para atender emergencias y situaciones de riesgo.

«Estamos hablando de emergencias, temas de seguridad, prevención de desastres e incluso de atención a personas que llamaban manifestando intenciones de suicidio o solicitando apoyo psicológico. Eso hacía que todas las instituciones trabajaran de manera articulada», señaló.

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Según el oficial retirado, cuando finalizó su gestión el sistema mantenía una disponibilidad superior al 85 % de las cámaras instaladas. 

«Uno de los obstáculos más grandes que enfrenta un sistema integrado de emergencias es que algunas entidades manifiestan no tener personal para trabajar de manera coordinada las 24 horas del día. También la compartimentación de los datos genera retrasos para prevenir ciertas acciones», afirmó.

Para Segura, los centros de monitoreo modernos deben evolucionar hacia modelos de prevención basados en el análisis de datos, permitiendo identificar patrones de riesgo antes de que ocurran los delitos.

«Las llamadas al 123, los reportes ciudadanos y las bases de datos permiten construir alertas tempranas. Nosotros, por ejemplo, identificamos casos de violencia intrafamiliar a partir de llamadas de vecinos y eso permitió hacer intervenciones preventivas antes de que los hechos escalaran», recordó.

El megaproyecto también contempla aumentar la red de videovigilancia de 350 a por lo menos 500 cámaras, ampliar la cobertura de fibra óptica, instalar alarmas comunitarias y avanzar en la construcción de cuatro nuevos Comandos de Atención Inmediata (CAI) en distintos sectores de la ciudad.

Para el teniente coronel (r) Javier Carranza, exconsejero para la Seguridad Ciudadana de Villavicencio, la inversión tecnológica es necesaria, pero no garantiza por sí sola una reducción de la criminalidad ni una mejor percepción de seguridad.

«Hablar de una inversión solamente porque tiene la palabra tecnología y decir que automáticamente va a impactar la seguridad es irresponsable. Depende de muchas variables que deben alinearse de manera transversal«, sostuvo.

Carranza explicó que las cámaras son herramientas valiosas para la investigación criminal y la judicialización de delincuentes, pero su efectividad depende de decisiones técnicas sobre ubicación, cobertura y prioridades operacionales.

«Podemos comprar la última tecnología en cámaras, pero si se comete el error de ubicarlas donde no existe prioridad delictiva, no vamos a impactar los indicadores de seguridad«, afirmó.

Precisamente en este punto, Segura considera que Villavicencio podría explorar alternativas que ya funcionan en otras ciudades del país, como la integración de cámaras privadas a los sistemas oficiales de monitoreo.

«En Bogotá existen más de 4.000 cámaras privadas integradas al sistema. Esto permite ahorrar costos y tiempo porque no hay que instalar postes, tramitar permisos o asumir gastos de energía. En pocos meses se pueden incorporar cientos de cámaras al servicio de la seguridad ciudadana», explicó.

El exoficial de la Policía también mencionó experiencias en Cartagena, donde hoteles, comercios y establecimientos privados conectan sus sistemas de vigilancia a los centros de emergencia para apoyar investigaciones y fortalecer el monitoreo de sectores estratégicos.

No solo construir los CAI

Tanto Segura como Carranza coinciden en que uno de los errores más comunes es reducir la discusión de seguridad al número de cámaras instaladas o a la construcción de nuevas infraestructuras policiales.

Para Carranza, “no es un CAI el que trae seguridad. Es todo lo que corresponde a que ese CAI funcione: policías, vehículos, medios tecnológicos y capacidad de respuesta. Por otra parte, el centro de mando y control es la raíz. Las cámaras son las ramas. De nada sirve tener mil cámaras si no las puedo ver en ninguna parte«, afirmó.

Asimismo, explicó qué, la percepción de seguridad también está relacionada con factores que muchas veces pasan desapercibidos dentro de los debates sobre orden público.

«La seguridad no es solamente responsabilidad de la Policía. También tiene que ver con educación, movilidad, espacio público, alumbrado, medio ambiente y recuperación urbana», indicó.

Carranza ejemplifica que una calle oscura, un espacio público desordenado, zonas deterioradas o entornos escolares con problemas de microtráfico afectan directamente la sensación de seguridad de los ciudadanos, incluso cuando no existe un delito en curso.

«La seguridad se mide en términos de percepción. Usted no la puede tocar ni contar, pero sí la siente. Por eso las decisiones de gobierno deben apuntar a mejorar esa percepción desde múltiples frentes», señaló.

Finalmente, el exfuncionario concluyó que la tecnología debe entenderse como una inversión estratégica para el desarrollo de la ciudad y no únicamente como un gasto.

«La inversión en tecnología no es un lujo. Es una inversión que fortalece la confianza ciudadana, atrae inversión, impulsa el turismo y mejora la calidad de vida. Sí Villavicencio logra consolidarse como una ciudad segura, los beneficiados seremos todos», puntualizó.