Después de casi tres años, contrato de placa huella por $2.500 millones sigue sin ejecutarse en Villavicencio

La comunidad de la vereda San José II acudió a la justicia para evitar que se liquide un contrato financiado con recursos de regalías por cerca de $2.500 millones.

Han pasado más de dos años desde que el municipio de Villavicencio adjudicó el Contrato de Obra Pública No. 3644 de 2023 para construir 2,5 kilómetros de placa huella entre las veredas San José y Santa Teresa, en el corregimiento seis. Sin embargo, la obra nunca se inició y ahora su futuro quedó en manos de la justicia.

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio admitió una Acción Popular interpuesta por la Veeduría Ciudadana ‘Por una placa huella justa y digna’, que busca impedir la liquidación del contrato y proteger los recursos asignados al proyecto.

Mediante auto del 25 de junio de 2026, el despacho judicial requirió al Municipio para que rindiera explicaciones antes de decidir si decreta una medida cautelar de urgencia que suspenda cualquier actuación tendiente a liquidar el contrato mientras se estudia el fondo de la demanda.

El proyecto, identificado con el código BPIN 2022500010007, fue financiado con recursos del OCAD Paz por cerca de $2.450 millones para intervenir una vía considerada estratégica por los habitantes del sector rural.

Según Zuluaga, integrante del equipo de investigación de la Veeduría Ciudadana ‘Por una placa huella justa y digna’, desde finales de 2023 la comunidad ha adelantado un seguimiento permanente al contrato, sin que hasta ahora se haya iniciado su ejecución.

«Ese contrato no se ha ejecutado desde la época en que se adjudicó. Nosotros como ciudadanía llevamos dos años y medio haciendo seguimiento para que se haga la ejecución y no se ha podido efectuar porque, por parte de la administración, cómo que no hay una voluntad política para hacerlo; siempre hay uno nuevo pero…», afirmó.

Zuluaga explicó que durante este tiempo la comunidad ha realizado protestas, mesas técnicas y múltiples solicitudes dirigidas a la administración municipal.

«Hemos hecho paros. Nos dicen que sí lo van a hacer, que la Alcaldía va a poner dinero; hicimos mesas técnicas y se levantaron compromisos, pero nunca quedan en documentos oficiales. Son actas que hacemos nosotros como comunidad”, agregó el veedor. 

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El representante de la veeduría aseguró que la Acción Popular fue presentada después de considerar agotadas las gestiones administrativas.

«Ya en últimas instancias hicimos una Acción Popular, a ver si una jueza nos da medidas cautelares por la negligencia administrativa y la no ejecución».

La principal preocupación de la comunidad es que el Municipio liquide el contrato y los recursos asignados regresen al Sistema General de Regalías sin que la obra se construya.

Según los documentos compartidos por Zuluaga a este medio, en respuesta al requerimiento del Juzgado Séptimo Administrativo, la Oficina Asesora Jurídica del Municipio pidió negar la medida cautelar solicitada por la veeduría. Según la administración, «la solicitud cautelar no parte de hechos demostrados sino de inferencias personales del actor popular acerca de decisiones futuras de la Administración», por lo que considera que no existe sustento suficiente para impedir actuaciones que aún hacen parte del procedimiento administrativo.

Asimismo, la Alcaldía aseguró que «procedió a adelantar las actuaciones administrativas que corresponden para este tipo de eventos, conforme a los lineamientos, conceptos y recomendaciones emitidos por las entidades competentes», y señaló que ha evaluado alternativas de inversión para beneficiar a la comunidad.

En el mismo documento, la administración sostiene que, aunque las acciones populares tienen una naturaleza preventiva, «ello no exonera al actor del deber de aportar una carga mínima que permita inferir razonablemente la existencia de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos«, razón por la cual solicita que no se acceda a la medida cautelar.

Para el vocero, esa posición desconoce los múltiples documentos y actuaciones que ha adelantado la comunidad durante más de dos años.

«Siempre nos han llenado de documentos. Hablamos de más de 450 hojas de expediente, pero el corregimiento no ha tenido el acompañamiento suficiente y el proyecto sigue sin ejecutarse.»

La veeduría también sostiene que funcionarios de la administración les han planteado la posibilidad de desistir del contrato actual para formular otra iniciativa.

«Nos dicen que nos ponen un nuevo proyecto y que ya eso está muy difícil sacarlo adelante.»

El concepto del Ministerio de Transporte

Uno de los principales argumentos de la comunidad es un concepto emitido el pasado 5 de junio de 2026 por el Ministerio de Transporte, en respuesta a un derecho de petición presentado por la veeduría.

En el documento, el Ministerio aclara que el Municipio de Villavicencio conserva la potestad de volver a presentar una solicitud de ajuste del proyecto ante el OCAD correspondiente, siempre que incorpore la información técnica, financiera y jurídica requerida y atienda las observaciones formuladas previamente.

El documento señala textualmente: «La Entidad ejecutora, Municipio de Villavicencio, tiene la potestad de volver a presentar la solicitud de ajuste al respectivo OCAD; siendo una recomendación del Ministerio que en esta se tengan en cuenta las observaciones realizadas en el concepto».

Además, la cartera nacional reiteró que está dispuesta a brindar acompañamiento técnico durante el proceso de subsanación.

«Esta cartera ministerial está atenta a realizar el acompañamiento y orientación para subsanar la iniciativa de transporte conforme a lo dispuesto en la Ley 2056 de 2020…».

Igualmente, indicó que puede participar en mesas técnicas cuando estas sean solicitadas por la entidad territorial.

«El Ministerio está en disposición de emitir los conceptos técnicos que le sean solicitados (…) así como también de adelantar las mesas técnicas que sean solicitadas por las entidades territoriales».

Para la veeduría, el pronunciamiento del Ministerio demuestra que todavía existen alternativas para conservar los recursos y ejecutar la obra.

«El último concepto que nos envía el Ministerio de Transporte dice que sí podemos trabajar sobre eso y que la Alcaldía haga la subsanación de lo que deben corregir. Claramente les va a costar dinero y por eso es que no lo hacen», sostuvo Zuluaga.

La comunidad insiste en que la prioridad no es abrir un nuevo proyecto, sino ejecutar el contrato ya adjudicado.

El líder comunitario también recordó que el corredor tiene importancia para la prestación del servicio de agua en la ciudad.

«Lo más crítico es que esta vía es la que alimenta la bocatoma del acueducto. Durante la emergencia por el agua subió maquinaria pesada que deterioró aún más la vía.»

Con el fin de conocer la posición de la administración municipal frente al proceso judicial, este medio intentó comunicarse con la Secretaría de Infraestructura de Villavicencio para consultar sobre la posible liquidación del contrato, las afirmaciones realizadas por la veeduría y el estado actual del proyecto. Sin embargo, al cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta oficial.