lunes, 24 de junio de 2024
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No al IVA en la canasta familiar


No al IVA en la canasta familiar 1
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Redacción PDM

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No al IVA en la canasta familiar 2

Por Rafael Hernández Lozano, Gerente de Fedearroz

Las discusiones para una reforma tributaria durante este año han estado centradas en un elemento que puede generar grandes dificultades en los hogares más pobres del país, consistente en gravar con IVA la canasta familiar.

Con la crisis ocasionada por la pandemia, muchos hogares han mostrado una reducción en el consumo de alimentos.

El DANE en su encuesta de Pulso Social, estimó que más de un millón de hogares dejó de consumir tres comidas diarias, pasando a dos o incluso una sola comida en el día, dada la disminución sensible en el ingreso de los hogares colombianos.

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Quiere decir que el incorporar impuestos a la canasta familiar que se destinarían al precio de los productos, reduciría aún más la capacidad de compra del 90% de los hogares, con lo que se disminuye la calidad de vida de más de 40 millones de colombianos, lo que no se podría compensar con el esquema de devolución de IVA previsto para tan solo un millón de hogares.

El estatuto tributario, actualmente excluye el arroz paddy de IVA, mientras que el arroz blanco se encuentra exento de este impuesto. Incorporar un IVA al arroz implicaría de inmediato tener que trasladar este valor al precio, lo cual en pocas palabras significaría que el consumidor colombiano tendría que pagar un 19% adicional en el consumo de arroz.

Este impuesto generaría un efecto altamente regresivo en la población y podría traer consecuencias significativas no solamente sobre el ingreso disponible de los más pobres.

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En ese sentido, hacemos un llamado al gobierno para que en la propuesta que presente de reforma tributaria evite gravar productos que como el arroz son parte importante de la dieta de los colombianos y fundamentales no solo para el empleo rural sino para el consumidor.

Se busca recaudar por medio de la reforma tributaria $15 billones, pero por otro lado la evasión fiscal en el país está estimada en $43 billones. En esa línea, ¿no será mejor plantearse mecanismos para reducir la evasión en lugar de afectar aún más a los empresarios formales y a los consumidores?


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