Verifican atención inmediata para indígenas desplazados por la violencia en Meta y Guaviare
- Publicado en Jul 24, 2026
- Sección Región, Lo Mas Reciente
La Corte Constitucional ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y a la Alcaldía de San José del Guaviare trasladar, en un plazo máximo de diez días, a las familias indígenas de los pueblos Jiw, Nukak y Emberá que permanecen desplazadas en ese municipio hacia albergues que garanticen condiciones dignas de alojamiento y atención.
La decisión quedó consignada en el Auto 851 de 2026, expedido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, como respuesta a la solicitud de medidas urgentes presentada por la Defensoría del Pueblo el pasado 12 de junio, en la que alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria que enfrentan estas comunidades y la necesidad de una respuesta estatal integral con enfoque diferencial.
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El alto tribunal dispuso que las familias indígenas que actualmente permanecen en los coliseos Azul y La Granja, así como en el malecón sobre el río Guaviare, sean reubicadas sin que la inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV) sea un requisito para acceder a la atención estatal.
Además, ordenó la entrega periódica de ayuda humanitaria de emergencia y atención en salud mientras persistan las condiciones de vulnerabilidad, al considerar que un trámite administrativo no puede convertirse en una barrera para comunidades que enfrentan un grave riesgo humanitario.
Riesgo de exterminio físico y cultural
La Defensoría del Pueblo recordó que los pueblos Nukak y Jiw permanecen en riesgo de exterminio físico y cultural. El Auto 004 de 2009 ya advertía que ambas comunidades estaban al borde de la desaparición como consecuencia del conflicto armado y el desplazamiento forzado, situación que fue reiterada por la Corte Constitucional mediante el Auto 173 de 2012.
No obstante, la entidad advirtió que, catorce años después, la amenaza no solo persiste, sino que se ha profundizado.
En la Alerta Temprana 001 de 2025, la Defensoría había advertido sobre los riesgos de desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas contra líderes indígenas, presencia de grupos armados ilegales y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, hechos que, según la entidad, hoy ya se materializaron.
Combates agravaron la emergencia
La Defensoría señaló que el pasado 26 de mayo se registraron combates en la vereda La Siberia que se extendieron hasta el resguardo Barranco Ceiba-Laguna Araguato, donde 67 familias del pueblo Jiw, equivalentes a unas 280 personas, quedaron confinadas.
También informó que varias familias Nukak tuvieron que desplazarse desde el sector conocido como Filo de Hambre hacia San José del Guaviare, donde permanecen lejos de su territorio ancestral, sin posibilidad de desarrollar actividades tradicionales como la caza, la pesca y la recolección, afectando también su tejido cultural.
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Los enfrentamientos dejaron un número aún indeterminado de personas fallecidas y heridas, además de material de guerra abandonado en la zona, situación que, según la Defensoría, evidencia las fallas en las medidas de prevención y protección implementadas por las autoridades.
Verificación en terreno
Tras la expedición del Auto 851, la Defensoría del Pueblo informó que realizó una verificación de derechos humanos a las comunidades Jiw, Nukak y Emberá que permanecen albergadas en escenarios deportivos y en el malecón de San José del Guaviare.
La jornada se desarrolló de manera conjunta con el Ministerio del Interior, las gobernaciones del Meta y Guaviare, las alcaldías de Mapiripán y San José del Guaviare, la Unidad para las Víctimas y con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA).
Asimismo, la entidad participó en un espacio de trabajo comunitario e interinstitucional en el resguardo indígena Naexal Lajat, ubicado en el municipio de Mapiripán (Meta), donde se analizaron alternativas para enfrentar la crisis humanitaria ocasionada por los desplazamientos masivos e individuales desde el sur del Meta hacia Puerto Concordia y San José del Guaviare.
La Defensoría aseguró que continuará monitoreando las condiciones de vulnerabilidad de estas comunidades y exigiendo a las autoridades la adopción de medidas que garanticen la protección integral de sus derechos.
Corredores humanitarios y seguimiento
Dentro de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional también se incluyó a las familias Jiw que permanecen en situación o riesgo de confinamiento en los resguardos Barranco Colorado, Laguna Araguato-Barranco Ceiba, Mocuare y Naexal Lajt, así como en el asentamiento Las Zaragozas.
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El Auto ordenó a la Defensoría colaborar con la Uariv en la apertura de corredores humanitarios para facilitar el acceso a las comunidades confinadas y acompañar a las familias junto con la Procuraduría General de la Nación y la Personería de San José del Guaviare.
Finalmente, la Defensoría exhortó a la Unidad para las Víctimas, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Gobernación del Guaviare, a la Gobernación del Meta, a las alcaldías involucradas, al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior a cumplir, dentro de los plazos fijados por la Corte Constitucional, las órdenes contenidas en el Auto 851 de 2026 para garantizar la protección de los derechos fundamentales y la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas afectados por el conflicto armado.
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