Personas con discapacidad en el Meta: entre las promesas y las cuentas pendientes

Las dificultades para acceder a tratamientos, ayudas técnicas, programas de atención y oportunidades de inclusión siguen marcando la realidad de miles de personas con discapacidad en el Meta. Organizaciones sociales pidieron acelerar la ejecución de recursos y fortalecer la oferta institucional.

Por Melissa Céspedes 

Las brechas en salud, inclusión y atención integral para la población con discapacidad continúan siendo motivo de preocupación en el Meta. Líderes sociales, representantes de organizaciones y cuidadores advirtieron que, pese a la existencia de recursos y políticas públicas dirigidas a esta población, persisten dificultades para acceder a servicios, programas y beneficios que permitan garantizar sus derechos.

Nubia Estela Alonso Carvajal, vocera de las familias cuidadoras de personas con discapacidad, dijo que persisten barreras para acceder a servicios de rehabilitación, ayudas técnicas, atención especializada y procesos de certificación, una situación que también afecta a quienes asumen labores de cuidado permanente.

“La Secretaría de Salud y la Secretaría Social se excusan mucho en el abandono total del rubro presupuestal para la población con discapacidad y sus familias cuidadoras. Hoy soy madre cuidadora y adquirí mi discapacidad después de 28 años dedicados al cuidado de mi hijo. Esa sobrecarga emocional, física y mental solamente la entendemos quienes vivimos esta realidad todos los días”, afirmó.

Alonso también cuestionó la ejecución de recursos destinados a la certificación de discapacidad y alertó sobre retrasos en proyectos financiados con recursos nacionales.

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“Estamos en julio y ni siquiera han iniciado el proyecto. Hace más de dos meses fueron girados recursos del Gobierno Nacional y no se han ejecutado. Muy seguramente van a hacer lo mismo que han hecho en otros años: devolver dinero al ministerio en lugar de invertirlo en las personas que lo necesitan”, señaló.

Las críticas también fueron planteadas por Camilo Rivera, director de la Asociación Síndrome Contenta Meta, quien cuestionó el cumplimiento de las metas dirigidas a la población con discapacidad y advirtió que los avances no corresponden con las necesidades reales del departamento.

“Se anunciaron centros culturales, espacios de recreación y cupos de atención integral para personas con discapacidad, pero no vemos resultados. Hablamos de apenas 432 cupos en cuatro años para una población que supera las 60 mil personas en el Meta”, afirmó.

“La población con discapacidad sigue teniendo que mendigar por derechos que deberían estar garantizados. Las políticas públicas deben pasar del papel a la realidad de las familias”, concluyó Rivera.

‘Se han hecho inversiones’

Frente a estos cuestionamientos, la secretaria Social del Meta, Diana Giraldo, defendió las acciones que adelanta la administración departamental para reducir las barreras de acceso y mejorar la calidad de vida de esta población.

La funcionaria destacó la entrega de buses adaptados en municipios como Restrepo, Guamal y Cumaral, con el propósito de facilitar el transporte de personas con discapacidad hacia programas institucionales. Asimismo, resaltó la ejecución de proyectos productivos enfocados en familias cuidadoras, como modistería, belleza y tiendas de abarrotes.

Giraldo también explicó que actualmente se desarrolla un programa de atención integral para personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad, el cual incluye transporte, alimentación, atención psicosocial, fortalecimiento de habilidades y acompañamiento terapéutico.

Además, anunció que la Gobernación avanza en la estructuración de un centro de atención integral para personas con discapacidad en Villavicencio, una iniciativa que proyecta beneficiar a cerca de mil usuarios y ampliar la cobertura de servicios especializados en el departamento.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Departamental del Meta, Lucho Suárez, indicó que el trabajo articulado entre instituciones, organizaciones sociales y ciudadanía será clave para fortalecer la inclusión y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el departamento.

“El desarrollo de un departamento se mide por la manera cómo garantiza que todas las personas puedan vivir con dignidad y ejercer plenamente sus derechos”, puntualizó.