domingo, 14 de julio de 2024
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‘Pese a todo, la mejor decisión fue la firma del Acuerdo’: César Huertas


‘Pese a todo, la mejor decisión fue la firma del Acuerdo’: César Huertas 1
César Huertas, coordinador técnico del Proyecto de seguimiento a la implementación de los acuerdos de la Unillanos.
RP
Redacción PDM

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Con todo y las críticas que recibió el proceso de paz con las Farc, al cabo de estos 6 años una de las personas que más cerca ha estado de la implementación de los acuerdos, dice que es mejor que hoy exista porque abrió nuevos campos de desarrollo.

El pasado 26 de noviembre se cumplieron 6 años de la firma final del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.

Para el Meta, escenario no solo del conflicto sino de la concentración de tropas subversivas y el desarme del grupo ilegal, significó la posibilidad de explorar otros sectores económicos como el turismo, novedosos cultivos y el arribo de nuevas inversiones y proyectos de desarrollo. El asesinato de por lo menos una decena de firmantes, ha sido otro de los duros momentos que se han tenido que pasar en este periodo.

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Periódico del Meta (PDM) consultó a César Huertas (C.H.), docente ocasional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Unillanos y coordinador técnico del Proyecto de seguimiento a la implementación de los acuerdos, que desarrolla ese centro universitario, para indagar cómo se hace el rastreo a los compromisos en la región y qué balance deja hasta ahora.

PDM: ¿Cómo funciona el proyecto de seguimiento que adelanta la Unillanos sobre la implementación de los acuerdos?

C.H: El Observatorio del Territorio es un centro de análisis adscrito a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad de los Llanos; surge en 2008 en el marco del III Laboratorio de Paz programa financiado por la Unión Europea. Con la firma del Acuerdo Final de Paz, surge la necesidad de hacer un seguimiento y análisis participativo a la implementación del Acuerdo de Paz en la región, así como de las políticas públicas y de ordenamiento territorial que impulsan u obstaculizan la implementación del Acuerdo en el territorio.

En este sentido, en alianza con la Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental –Cordepaz- se realiza el proyecto “Observación Participativa de Paz, Políticas Agrarias y Ambientales Macarena Guaviare”. El ejercicio se enmarcó en generar diálogos multinivel en contextos territoriales, donde se buscó la confluencia de la academia, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, autoridades locales e instituciones, para realizar una lectura de las dinámicas de la implementación del Acuerdo de Paz desde una perspectiva territorial.

PDM: ¿Cómo se financia?

C.H: El Observatorio del Territorio se financia a través de la presentación de proyectos en convocatorias, especialmente de cooperación internacional.

PDM: ¿Cuántas personas, qué tipo de profesionales trabajan en este programa?

C.H: Es variable y se ajusta también al desarrollo de proyectos y las convocatorias. En el último proyecto, tuvimos la posibilidad de tener un equipo de 20 personas, que incluía profesionales administrativos, politólogos, economistas, ingenieros ambientales, sociólogos, comunicadores sociales, asistentes de investigación; y adicionalmente, lo realmente importante, fue poder contar con expertos locales, que corresponde a líderes y lideresas en los municipios que apoyaban el proceso de investigación.

PDM: ¿Qué balance tiene después de estos 6 años de la firma del acuerdo, especialmente en el Meta?

C.H: Considero de manera general que el balance es positivo. Claro, con todos los obstáculos y dificultades que se han presentado en el proceso de implementación en el territorio. Creo que la mejor decisión entre el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla de las Farc fue la firma del Acuerdo de Paz porque permitió reconfiguraciones y disminuciones en las dinámicas de los hechos victimizantes asociados al conflicto social y armado.

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PDM: ¿Y en el Meta?

C.H: Sobre el departamento ha generado resultados importantes y significativos que se necesario reconocer, por ejemplo, la construcción del PDET, este fue construido de manera amplia, que tienen una gran legitimidad y reconocimiento en territorio, las comunidades se lograron apropiar de este programa, sin embargo, la gran dificultad es la implementación, que no alcanza a tener la misma legitimidad en todo el territorio.

PDM: ¿Qué permitió evidenciar el Acuerdo en el Meta?

C.H: El Acuerdo de Paz permitió evidenciar la voluntad que siempre ha existido en las comunidades rurales en el Meta. Precisamente las familias cultivadoras de la hoja de coca participaron en la firma de los pactos comunitarios individuales y colectivos de sustitución voluntaria en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

PDM: Pero el PNIS ha sido muy criticado…  

C.H: El programa tuvo que competir con programas como Hecho a la Medida que fuera la estrategia del gobierno anterior para sustituir cultivos de coca. Lo que se encuentra en diálogo con el territorio es que fue un plan que llegó en medio de la incredulidad de las familias campesinas, mientras que el PNIS intentó avanzar de manera lenta y desfinanciada; mientras en territorio se promovían apuestas por la erradicación forzada.

PDM: El Acuerdo aún no soluciona el factor tierras… 

C.H: El Acuerdo de Paz se debe de mirar de manera integral, no se puede resolver el problema del PNIS o la implementación del PDET, sino logramos solucionar el problema en la estructura de la tenencia de la tierra. A corte de abril de 2022, existía en el Fondo de Tierras un total de 188.629,7509 hectáreas, donde el 82 % se concentraba en los municipios de Puerto Gaitán, Mapiripán y San Martín de los Llanos. Ahora bien, el 66 % de los predios se encuentran ocupados, el 33 % está por determinar la ocupación y un 27 % tiene restricciones. Del total de predios (205) en estos tres municipios, que según la Agencia Nacional de Tierras deberían de tener una destinación para familias campesinas y comunidades indígenas, y que pueden ser adjudicables, la realidad es que se encuentran ocupados.

PDM: ¿Qué papel juegan los nuevos grupos armados ilegales?

C.H: Si bien hay una transformación a partir del Acuerdo de Paz, también es necesario establecer que en el Meta hay reconfiguraciones asociadas a la presencia de grupos armados en los territorios. Precisamente Indepaz estableció que los grupos armados en el territorio responden a intereses particulares, y no necesariamente se encuentran bajo las lógicas de lucha por el poder político. Lo que se evidencia es la intensificación de la violencia, la continuidad sobre la presencia de actores armados en los territorios, amenazas y homicidios a líderes y lideresas sociales.

PDM: ¿Cree que el punto 1 del Acuerdo sí es el primero de la “paz total” o es una implementación integral?

C.H: Es importante establecer una diferencia en esa línea delgada de dos políticas que se puede complementar entre la Paz Total y la Reforma Rural Integral. La Paz Total es una política, fue una Ley aprobada en el Congreso de manera reciente, para que se le diera el piso jurídico a los procesos de diálogo con grupos armados y de sometimiento a los grupos o a las bandas criminales. En este sentido, la Paz Total emerge como un concepto para la búsqueda y solución dialogada de los conflictos armados. La Reforma Rural Integral, pretende generar las transformaciones de la realidad rural, reducción de las brechas entre el campo y la ciudad, superación de la pobreza, crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, entre otras.

Por lo tanto, si bien la Paz Total promueve la búsqueda y solución dialogada de los conflictos armados, también debe promover la implementación real y efectiva del Acuerdo de Paz, pero adicionalmente, la Paz Total tendrá que hacer un seguimiento, revisión y valoración de las recomendaciones establecidas por la Comisión de la Verdad.

PDM: ¿Entonces son políticas distintas la Paz Total y el punto 1?

C.H: Sí, son políticas distintas, pero tienen un fuerte relacionamiento, por ejemplo, el acuerdo entre el Gobierno y Fedegán no solo se enfoca en la compra de tierras para promover la Reforma Rural Integral, también contempla el diálogo con un actor político, que tiene poder económico gremial, es decir, se hacen intentos de avanzar en la Paz Total. Estas dinámicas pueden brindar ciertos elementos para la implementación del Acuerdo de Paz.

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