Petroleros rechazaron decisión de ANLA de suspender licencia a Hupecol

A través de la Resolución No. 424 del 19 de abril de 2016, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tomó la determinación de revocar la licencia otorgada para el proyecto “Área de Perforación Exploratoria Serranía” que, según ambientalistas, afectaría toda la Serranía de La Macarena.

 

Su director, Fernando Iregui, dijo que se argumentó para tomar esta decisión con base en el Plan Integral de Manejo adoptado por Cormacarena sobre el Distrito de Manejo Integral (DMI) ‘Ariari- Guayabero, sector río Lozada, Caño Perdido’.

El Plan Integral de Manejo Ambiental adoptado por Cormacarena, publicado con posterioridad a la expedición de la Licencia Ambiental, se convirtió en un elemento determinante en el proceso de revocatoria de esta licencia, la cual es de obligatorio cumplimiento para la ANLA en sus actuaciones administrativas.

Así mismo, la ANLA pudo constatar que la cartografía elaborada por Cormacarena para el (DMI) Ariari-Guayabero, con la información cartográfica del proyecto Serranía, se superpone en su totalidad.

Así las cosas, en esta Área de Manejo Especial de la Macarena no se podrá llevar a cabo ninguna actividad relacionada con exploración y explotación de hidrocarburos. Adicionalmente se informa a los interesados que actualmente no existen más solicitudes de evaluación para licenciamiento ambiental en esta zona, y que contra esta decisión no proceden recursos.

Por su parte, Francisco Lloreda, presidente de Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), calificó de “infortunado que se reaccione a campaña de desinformación que sugiere que actividad de hidrocarburos puede generar daño ambiental”.

“Una licencia ambiental, que tomó cuatro años y nueve meses en estudio por parte de la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales fue revocada en razón de un recurso de reposición que tomó un día en examinar. Un día, cuando el tiempo promedio de estudio de recursos de la entidad toma ocho meses. Recurso que por demás, y en aras de un tratamiento igualitario, hubiese tenido sentido dar traslado a todas las partes intervinientes”, dijo el dirigente gremial a través de un comunicado oficial de la ACP.

Y añadió que “a la industria le preocupa seriamente la seguridad y estabilidad jurídica para la inversión privada e incoherencia en políticas públicas”.