Poder indígena | Editorial
- Publicado en Oct 27, 2024
- Sección Columnistas, Lo Mas Reciente
Tras la expedición del Decreto 1275 de 2024, firmado el pasado 15 de octubre por el presidente Gustavo Petro, desde ahora las comunidades indígenas, en sus territorios, tendrán la misma autoridad que las Corporaciones Autónomas Regionales.
El documento generó un debate nacional del que el Meta parece haberse excluido, sin embargo, el tema debería importarles a sus autoridades ambientales, teniendo en cuenta que el departamento actualmente tiene 20 resguardos indígenas, distribuidos en Puerto Gaitán, Mapiripán, Mesetas y Puerto Concordia. Casi en todos estos municipios hay en ciernes proyectos de inversión que podrían tener tropiezos con esta nueva autoridad conferida a las comunidades ancestrales.
El gobierno parte de un argumento que es parcialmente cierto: “en su mayoría inmensa, (las corporaciones autónomas) no ha demostrado ser instrumentos de cuidado de la naturaleza, sino lo contrario: vía corrupción se han arrodillado a la codicia y esa codicia ha entregado nuestra hermosa naturaleza a la destrucción“, dijo Petro.
Es verdad. Para la muestra, la rapiña politiquera en la que se ha convertido desde el año pasado la dirección de Cormacarena, en la que dos bandos liderados por el exalcalde Felipe Harman, por un lado, y el gobernador, Juan Guillermo Zuluaga, por el otro, han querido tener sus alfiles camino a dirigir la entidad, en donde el conocimiento de protección de la naturaleza es lo que menos importa.
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La investigación contra Beltsy Giovanna Barrera Murillo, quien ejerció como directora de Cormacarena durante ocho años (2012 -2019), y detenida por su presunto alcance en actos ilícitos, también dan la razón a Petro sobre lo descuadernadas que andan las corporaciones ambientales.
Sin embargo, no es menos cierto que algunas comunidades indígenas, en especial quienes se hacen pasar como sus líderes o voceros, se prestan para ganar favores personales, casi siempre medidos en cuotas monetarias, durante las intermediaciones con empresas. No es secreto que inversionistas ha tenido que lidiar con presiones indebidas de esos líderes negativos, para avanzar en proyectos agroindustriales o petroleros en territorios indígenas.
Por fortuna no son todos, hay representantes de resguardos que junto con sus habitantes sí están comprometidos en proteger los recursos naturales.
En conclusión, no por entregar más autoridad a las comunidades indígenas se garantizará detener la destrucción de los recursos naturales, entre otras porque quienes mayormente destruyen son grupos ilegales, para los cuales no existe control, corporaciones ambientales o comunidades que frenen su ambición a costa del ecosistema.
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