Protección de líderes sociales, un reto para la paz

Expertos aseguran que es importante fortalecer las políticas de protección y abordar las causas estructurales que perpetúan esta violencia.

Por Luissa Fernanda Pérez

La cifra de asesinatos de líderes sociales en el país aumenta. Recientemente, un informe de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación señaló que, en lo corrido del 2024, se han registrado 117 asesinatos.

El visor de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), informó que, en la región de la Orinoquia, que abarca los departamentos del Meta, Arauca, Casanare, Guaviare y Vichada, entre 2016 y 2024, se registraron 132 asesinatos.

Los sectores sociales más afectados por este flagelo son, principalmente, campesinos, líderes comunales, comunicadores y ambientalistas.

Islena Rey Rodríguez, presidente de la Corporación Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, explicó que este fenómeno tiene matices políticos y económicos. Señaló que los líderes de la Orinoquia, quienes por años han sido invisibilizados, sintieron el respaldo del gobierno en la lucha por causas sociales, como la ambiental.

“Con el actual gobierno se vio un cambio bastante brusco. Me refiero a que ya no tienen la facilidad de sacar la pasta de coca, porque el presidente de la república la evacuó, y porque el gobierno le está dando la debida importancia al tema ambiental, la protección del agua, de los ecosistemas y la biodiversidad. Un tercer tema es el proceso de hidrocarburos”, expresó la activista.

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Agregó que las víctimas han decidido denunciar y organizarse en grupos para la protección de los ecosistemas, y están presionando para que se cumplan los acuerdos en los procesos de paz. “Hemos tenido la oportunidad de reconocer que tenemos una riqueza intocable, pero no la hemos podido proteger, y eso nos ha costado la vida, especialmente de los líderes comunales defensores de derechos humanos que están en el sector rural”.

En los datos también se observan picos de asesinatos. Por ejemplo, en 2016 se reportaron 6 casos, y en 2018 el número aumentó a 27. A partir de 2019, se observa una disminución hasta 2021. En 2022, los casos aumentaron nuevamente a 20, y en lo que va de este año ya se registran 16.

“Hay picos importantes de violencia en la etapa de postconflicto en la región. El año 2018 coincide con la salida de las Farc del escenario armado, 2022 con el cambio presidencial y 2024 con la crisis de la Paz Total. Estas coyunturas son importantes porque son escenarios de ajuste territorial y político que impactan las decisiones de las agrupaciones armadas”, indicó Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.

González analizó que en 2024, si la Paz Total no tiene un rumbo claro, podría caer en los mismos problemas que el Acuerdo de Paz de 2016, cuando, si bien las Farc salieron de la ecuación del conflicto, su retirada significó la multiplicación de grupos con intereses en el mercado ilícito de drogas y minerales.

Rey señaló que los líderes deben ser protegidos por el gobierno mediante políticas de protección y visibilización de los activistas, con directrices específicas para los gobernadores, alcaldes, instituciones y la fuerza pública dirigidas al respaldo de estos.

“Hemos encontrado en las zonas rurales que los defensores ponen denuncias y no se las reciben, y si lo hacen, queda en la incertidumbre. Este tipo de situaciones son las que el gobierno debe atacar a través de toda la institucionalidad en pleno; de esta manera, podríamos evitar que los sigan asesinando tanto”, finalizó la presidenta.