Protestas sí, pero no así | Editorial

Las marchas y los paros son formas legítimas de expresión ciudadana y de presión política, pero es claro que manifestaciones como el llamado “estallido social” del 2021 tuvieron una instigación hacia la administración de Iván Duque, como sucedió en su momento en Chile, contra el gobierno de Sebastián Piñera. 

El presidente Gustavo Petro, fiel a sus convicciones, convoca manifestaciones ahora que está en el poder, tanto como cuando era oposición, recurriendo a una herramienta cuyo uso puede tener consecuencias negativas e inesperadas para la sociedad y la economía.

Por fortuna, en Villavicencio y el Meta, estas manifestaciones han sido en su gran mayoría, comparadas con otras regiones, pacíficas y no han dejado consecuencias fatales, ya que uno de los riesgos más evidentes es el de la violencia. 

Las marchas y los paros pueden ser escenarios propicios para el vandalismo, el saqueo, los enfrentamientos con la Fuerza Pública y los ataques a la infraestructura pública y privada. Estos actos afectan el orden público, la seguridad ciudadana y el patrimonio colectivo. Además, pueden generar una escalada de represión o contraataques inesperados.

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Por eso, ahora que varios líderes de comunidades bloquean vías, paralizan producción o se toman pozos petroleros, también es importante medir el riesgo económico. Las marchas y los paros afectan el normal funcionamiento de las actividades productivas, comerciales y de servicios, generando pérdidas millonarias para los sectores afectados. También pueden dificultar el transporte de mercancías, insumos y alimentos, provocando desabastecimiento, encarecimiento y desperdicio. Asimismo, pueden deteriorar la confianza de los inversionistas, los consumidores y los mercados, impactando negativamente en el crecimiento económico y la generación de empleo.

Los bloqueos, marchas y retenes están golpeado duro el bolsillo de las personas de a pie que por lo general deben trabajar para poder ganar el sustento diario y causa más incomodidad saber que, por lo menos las del miércoles pasado, fueron financiadas por el mismo Gobierno Nacional.

A un mes de las elecciones, las marchas de esta semana tienen un tinte de intereses políticos que también estigmatiza a las organizaciones que estuvieron al frente de la coordinación, justamente por las fuentes de financiación que tuvo la actividad. 

No se trata de negar el derecho a la protesta social, sino de reflexionar sobre sus efectos y sus límites. Las marchas y los paros deben ser pacíficos, razonables y proporcionales, respetando los derechos de los demás y buscando el diálogo constructivo con las instituciones democráticas.

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