Puerto Gaitán golpea a las estructuras criminales, pero la extorsión no cede

A pesar de los resultados operacionales reportados por las autoridades, fuentes del territorio aseguran que comerciantes y comunidades rurales aún enfrentan amenazas, volanteos y cobros extorsivos.

Por Melissa Céspedes

En menos de un mes, la Fuerza Pública propinó varios golpes contra las estructuras armadas que delinquen en Puerto Gaitán, con la captura de alias ‘Águila’, señalado cabecilla del Frente 53 de la Segunda Marquetalia; 11 presuntos integrantes de esa organización; cuatro supuestos colaboradores de las disidencias de las Farc vinculados con extorsiones al sector petrolero; cuatro personas por presunto microtráfico en el asentamiento indígena Unuma y, más recientemente, alias ‘Marco’, investigado por extorsión agravada contra comerciantes del municipio.

Las capturas hacen parte de la estrategia de las autoridades para afectar las estructuras dedicadas a la extorsión, el narcotráfico y el microtráfico en el municipio. 

Sin embargo, mientras la Fuerza Pública destaca el impacto de estos resultados, entre comerciantes y habitantes de las zonas rurales persiste la preocupación por las extorsiones y la presencia de grupos armados.

La secretaria de Gobierno y Posconflicto del Meta, Andrea Lizcano, explicó que la situación de seguridad en Puerto Gaitán obedece a la disputa de diferentes organizaciones ilegales por el control territorial y de las economías ilícitas que operan en el municipio.

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«Puerto Gaitán tuvo una situación compleja a inicio de año por temas de homicidios. Al parecer, cerca de 3 estructuras estarían disputándose distintos sectores de un municipio tan grande», afirmó.

Según la funcionaria, las recientes capturas afectan a organizaciones que, presuntamente, concentraban sus actividades en la extorsión a sectores estratégicos de la economía local, como el transporte fluvial, el sector agroindustrial y la industria petrolera.

Lizcano también destacó el operativo adelantado contra el microtráfico en el asentamiento indígena Unuma, al señalar que las autoridades habían identificado una presunta afectación sobre menores de comunidades indígenas.

«Era importante intervenir porque había preocupación por el consumo de sustancias psicoactivas entre niños y adolescentes indígenas. Estos operativos permiten recuperar esos entornos», indicó.

Sin embargo, para quienes conocen de cerca la realidad del municipio, las capturas representan un avance, pero no significan que la extorsión haya desaparecido.

Una fuente cercana al territorio, que pidió mantener en reserva su identidad por motivos de seguridad, explicó que este delito se consolidó como la principal fuente de financiación de los grupos armados, especialmente en las veredas con actividad petrolera.

«Ellos encontraron que el negocio no era secuestrar sino extorsionar. Empezaron a citar comerciantes, presidentes de juntas y empresarios. Al principio hubo quemas de maquinaria, secuestros y amenazas para demostrar que hablaban en serio; después la gente comenzó a pagar por miedo», relató.

Aunque reconoció que las recientes capturas han mejorado la percepción de seguridad, aseguró que la incertidumbre persiste entre la población.

La fuente dijó que muchos comerciantes terminaron trasladando el costo de las extorsiones al precio de sus productos para poder seguir operando. «La gente paga para no tener problemas y ese costo termina asumiéndolo el consumidor», explicó.

Asimismo, advirtió que el fortalecimiento de la seguridad no depende únicamente de las capturas. «El Batallón de Artillería necesita fortalecer sus cuadros de mando. Hay soldados, pero hacen falta oficiales que lideren las operaciones. Completar esa capacidad permitiría desarrollar estrategias militares mucho más efectivas», indicó.

Finalmente, sostuvo que el abandono estatal también favorece el accionar de los grupos ilegales. «En muchas veredas no hay servicios básicos. Esa ausencia del Estado termina siendo aprovechada por organizaciones criminales para ejercer control en las comunidades», concluyó.