Reforma al SGP ¿Cómo va ahí el Meta?

El proyecto que ya tuvo visto bueno en el Senado y está a cortos pasos de ser aprobado en Cámara, aunque es bien recibido por gobernaciones como la del Meta, aún no logra convencer a diferentes sectores del país.

Por Lina Herrera

Una nueva reforma ha dado de qué hablar tanto positiva como negativamente en el país. Se trata de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), encabezada por la bancada del partido En Marcha.

Brevemente, esta reforma busca que el SGP, mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos económicos para sostener los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico, deje de enviar alrededor 20% de sus ingresos corrientes (ICN) y empiece a transferir el 46,5% a partir del año 2027 con incrementos anuales del 2,5%.

Esto significa que el último año de los actuales períodos de gobernadores y alcaldes tendrían mucho más dinero para invertir; algo crucial para el Meta que ha tenido que reevaluar presupuestos por falta de dinero.    

Esta iniciativa tiene dos caras de la moneda, teniendo en cuenta las posturas de quienes lo apoyan y rechazan totalmente. 

Por un lado, la Federación Nacional de Departamentos apoya el proyecto. El 9 de febrero de este año, presentó la declaración de los gobernadores de Colombia ‘Fortalecer la democracia y el estado social de derecho mediante la autonomía territorial’.

“…requerimos que este Gobierno genere el cambio, retome nuestra figura de Estado y permita que los departamentos y municipios participen de los recursos de la Nación, y puedan bajo el principio de su autonomía administrar el territorio. Pedimos algo más que justo, permitiéndonos participar progresivamente en al menos 47% de los ingresos corrientes de la nación, tal como se visionó en la constituyente y que luego se diezmó con las contra reformas que le siguieron”, expuso la Federación en el documento firmado por los 32 gobernadores, incluida Rafaela Cortés.

Para Wilmar Barbosa, diputado del Meta, de ser aprobada la reforma, sería positivo para el departamento, a manera de reconocimiento a la búsqueda constante del aumento que se ha perseguido durante 20 años.

“Se han convertido en fondos insuficientes para cubrir las responsabilidades que el Gobierno tiene con las regiones. Por ejemplo, el pago de los docentes, las prestaciones, gastos asociados a la nómina, el cubrimiento al sistema de salud, y el saneamiento y agua potable. Son recursos que han sido insuficientes y los departamentos han tenido que completarlos con su generación de rentas propias, ocasionando un desbalance muy duro en la inversión social y en los recursos que se pueden invertir en otro tipo de proyectos productivos que garantice mejorar las posibilidades de la gente”, sostuvo Barbosa. 

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Sin embargo, para la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), esta reforma generaría una crisis fiscal.

“Un aumento del 65% en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno Nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”, advirtió Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.

Ante estas posturas, se llegó al acuerdo de que el aumento sería únicamente del 39,5%, pero el Consejo Gremial Nacional, entró a hacer un llamado al Congreso de la República para construir un equilibrio entre descentralización y sostenibilidad fiscal.

“… surge la pregunta: ¿tienen algunas entidades territoriales, especialmente las más marginadas, la capacidad de gestionar estos recursos? (…) El CGN considera indispensable que este Proyecto de Acto Legislativo cuente con el análisis del impacto fiscal, el cumplimiento de la regla fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo que detalle sus implicaciones en la Regla Fiscal de la Nación, como criterio constitucional para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho; y defina en el mismo proyecto, la redistribución de competencias o responsabilidades que asumirán las entidades territoriales”, expuso el CGN en un comunicado. 

Por su parte, el senador David Luna respondió a Periódico del Meta, que las regiones merecen autonomía para tomar sus propias decisiones, pero hizo un llamado ante el porcentaje inicial del 47%. 

“Hay que ser muy cuidadosos, volver al 47% de transferencias no es posible en este momento. Quería lograr el 35% pero me derrotaron, quedó el 39%, ese es riesgoso, ojalá en Cámara quedara en 37% pero lo importante es la ley de competencias, que es lo que se hará con esa plata; entregándole competencias a los departamentos y quitándole burocracia a la nación (…) el Meta tiene una condición distinta porque tiene recursos permanentes, pero necesita demostrar que con esa plata puede hacer mejores obras y aumentar la calidad de vida”, manifestó el senador. 

De aprobarse la reforma, surge la duda del futuro del proyecto de Autonomía Fiscal, promovido por Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, y liderado por Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, además de figuras nacionales como el concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, y la exsenadora María del Rosario Guerra, entre otros; que buscan aumentar para los territorios dinero que reciben por el SGP y que las entidades territoriales puedan recaudar impuestos como patrimonio y renta.

Para Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Derecho Tributario, de la Universidad del Rosario, el proyecto redundaría, al verse como inconveniente al lograrse un aumento en el SGP.

“El legislativo tendría que sustraerlo de la discusión porque el SGP cambiaría a una orientación más robusta porque básicamente fue a la conquista de puntos porcentuales en una dimensión bastante alta, hasta ahora han logrado 17 puntos; entonces la Autonomía Fiscal redundaría el mismo referendo en el evento de que se fuese aprobada la reforma”, explicó el docente.

El fantasma de la insostenibilidad fiscal

El profesor de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, indicó que, después de los seis debates en el Senado y aprobarse la reforma en este, en los pasillos del Congreso sigue rondando el fantasma de que el 39% no es garantía de que no se de la insostenibilidad fiscal, ya que, aún no hay un cálculo claro de costos en los distintos sectores que se trasladarían de la nación a los departamentos y municipios.

“¿En qué cuantía? ¿de qué manera se administrarían? fueron situaciones que no quedaron definidas en el acuerdo, parece ser que la discusión va a seguir en los debates que faltan en la Cámara de Representantes, en el sentido de, si aún ese porcentaje es realmente el que podría garantizar una sostenibilidad fiscal. Al parecer, no hay consenso en eso, y hay una tendencia de que siga bajando hasta que no se sepa a ciencia cierta el monto de lo que realmente se piensa trasladar de la nación”, explicó Amorocho.

De acuerdo con lo anterior, el analista sostiene que, cuando las cifras estén claras y se sepa con exactitud cuánto es lo que se trasladará, cómo, cuánto, y hasta donde alcanza la posibilidad de que el Gobierno pueda asumir los giros, desprendiéndose de los recursos de ingresos corrientes de la nación; se podrá entender mejor el panorama de la reforma. 

“Es una respuesta que no se ha despejado y se haría en el sitio del debate con cifras claras de instituciones como la Federación de Departamentos, Federación de Municipios (…) la posición de casi todo Colombia es que todavía el 39.5% no sería suficiente ante la posibilidad de responder con los recursos de la nación por ese giro. De mi parte, creería que el SGP no se debería medir con los ingresos corrientes de la nación, porque hacerlo de esa manera sería incongruente con otra medida que constitucionalmente es válida, que es velar por el poder adquisitivo de la moneda; si se hace el análisis sobre ingresos corrientes, lo que hará es crecer el gasto y desde luego tocaría mirar cómo se logra manejar y mantener el poder adquisitivo”, añadió.