Los pro y contra de la autonomía fiscal

- Publicado en Jul 19, 2024
- Sección Región, Lo Mas Reciente

Un experto en hacienda pública explica las razones por las cuales una autonomía fiscal no favorecería a departamentos pobres.
Con el visto bueno de la Registraduría Nacional, que avaló al comité promotor, empezó en forma, hace dos semanas, la recolección de firmas para el referendo que pretende una mayor autonomía fiscal para las regiones.
La iniciativa la promueve Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, y rápidamente empezó a liderarla en Colombia, Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, además de figuras nacionales como el concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, y la exsenadora María del Rosario Guerra, entre otros. Deben recoger 4 millones de firmas hasta diciembre para validar al menos 2 millones y así pueda ser presentado en el Congreso.
Básicamente, lo que busca la propuesta es aumentar para los territorios dinero que reciben por el Sistema General de Participaciones (SGP) y que las entidades territoriales puedan recaudar impuestos como patrimonio y renta. Para ello se debería modificar el artículo 298 de la Constitución del 91, para que los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos con el fin de aumentar sus ingresos.
Zuluaga ha dicho que de cada $100 recaudados en impuestos en los departamentos, el $80 se va para el gobierno central.
Sin embargo, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Derecho Tributario, de la Universidad del Rosario, explicó a Periódico del Meta que la cifra no es cierta porque, primero, en Colombia todos los impuestos son de carácter nacional. El artículo 372 de la Constitución se establecen impuestos departamentales y municipales, para que los territorios financien sus propios gastos y tengan autonomía presupuestal del gasto. “Ya, de hecho, los municipios y los departamentos tienen sus propios tributos”, sostuvo.
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“Propuesta de este tipo no abrigan sino un interés de sabor político porque la verdad matiz económico no muestra ningún resultado. La iniciativa no muestra fortaleza en el conocimiento institucional y mucho menos de la forma en que funciona el sistema tributario. Esta autonomía fiscal favorece a las economías más robustas, pero aquellas entidades territoriales que no tienen la dimensión para asumir eso de manera independiente, quedarían en el peor de los universos”, opinó Amorocho.
Complementó diciendo que con esa cambio y supuesta mayor autonomía fiscal “indiscutiblemente afectaría fuertemente a departamentos con menos posibilidades financieras, de crecimiento y de infraestructura rural, urbana, etc. como, por ejemplo, Chocó y el mismo Meta”.
De otra parte, Oviedo, niega que la propuesta refrendatoria busque enriquecer a los territorios con mayor actividad económica como Antioquia, Valle o Bogotá, “al contrario busca es que la gobernanza de recursos tributarios pueda fortalecer las capacidades para identificar problemas diagnosticarlos e implementar mecanismos para solucionarlos e impulse el desarrollo territorial”.
El catedrático de la Universidad del Rosario insistió en que no es conveniente y que debe mirarse lejos de la emoción, y más con la claridad de las normas y las estadísticas porque tenemos una república unitaria descentralizada, con un sistema general de participaciones fuerte.
“Lo que definitivamente sí debe revisarse son las debilidades en los esquemas de contratación, del cual no se ocupan mucho en las entidades territoriales y necesitan mayores controles. Evitar la evasión y que los recursos recaudados tengan el destino para lo cual se necesitan.
Respecto a si se debería modificar el Sistema General de Participaciones, en cambio del referendo, Amorocho opinó que el SGP no requiere cambios pero sí una revisión para saber si el indicador con el que hoy funciona, es el correcto.
“No creo que sea momento de revivir procesos federalistas en Colombia cuando la historia ha dicho que no ha funciona y que crecimos como una república unificada. Lo que requiere Colombia es una revisión del esquema de planeación para establecer si es el que le conviene al país y que el sistema de control exija verdaderos resultados en materia de evaluación de la gestión fiscal tanto del nivel central como de las entidades territoriales”, puntualizó Amorocho, quien ratificó que se necesita es planeación y control.
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