Se quema el arroz

Para los agricultores, los fondos de fomento no están respondiendo a las necesidades de los productores, y según Agameta, “son un saludo a la bandera que no ha servido para nada”.

El sector arrocero colombiano pasa por una situación compleja ante la desfinanciación de los fondos de fomento, la poca asistencia técnica, altos precios de insumos, problemas de comercialización y restricciones impuestas por organismos internacionales, sumado a esto, las importaciones de arroz por parte de países como Estados Unidos, Ecuador y Perú.

“El país tiene autosuficiencia en este cereal, con un consumo de dos millones 500.000 toneladas”, afirmó Eudoro Álvarez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta (Agameta), por lo que la producción presentada en el 2017 fue de 2’619.043 toneladas, según cifras publicadas por Fedearroz.

Sin embargo, el año pasado ingresaron al país 269.523 toneladas de arroz; este año, el número asciende a 307.038 toneladas, con un precio más competitivo, resultado de altos costos de producción en Colombia y “el ingreso de arroces subsidiados de manera abierta o encubierta, no es una competencia leal la que hemos sufrido”, agregó Álvarez.

La crisis se agudiza ante el auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en el cual se ordena a Colombia no emitir nuevas medidas de protección a la oferta interna de arroz. Por ello, la senadora Maritza Martínez Aristizábal (Partido de la U) se dirigió ante los miembros de la Comisión Quinta del Senado, exponiendo estas y otras problemáticas que aquejan este sector productivo.

“Parece como si todos se hubiesen ensañado contra los arroceros colombianos, pues los ministros de Comercio Exterior y Agricultura de Perú, en conjunto con sus homólogos colombianos, dispusieron el pasado mes de agosto que nuestro país debe eliminar todas las restricciones al ingreso al arroz peruano. No podemos permitir el naufragio de este importante renglón de nuestra economía y por eso debemos empezar a revisar de manera inmediata los tratados de libre comercio que hemos suscrito a la fecha”, dijo la senadora Martínez Aristizábal.

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Y es que la situación se ve reflejada en el panorama regional: en los Llanos, una de las regiones productoras de más peso en el país, los precios del grano se encuentran en grave descenso. En Villavicencio el precio es de $110.000 por carga; Granada $108.000; Yopal $105.000 y Arauca $100.000, lo que demuestra una preocupante situación teniendo en cuenta que el promedio nacional, en lo corrido de septiembre, va en $116.000, es decir, los arroceros que comercialicen en Villavicencio perciben 5.4% menores ingresos, 7.4% menos en Granada, 10.47% para Yopal y 16% para Arauca.

Los apoyos e incentivos establecidos por el Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural, ascienden a $141.900 millones para el beneficio de los productores de café, leche, arroz, panela y maíz. Andrés Valencia Pinzón, jefe de esta cartera aseguró: “no podemos quedarnos en la coyuntura, requerimos de una política para hacer rentable la actividad agropecuaria. Para ello, trabajaremos en la reducción de los costos de producción facilitando el acceso al crédito y la asistencia técnica con énfasis en los pequeños productores y el fomento al emprendimiento en el campo colombiano”.

Igualmente, se asignaron $30.000 millones para el incentivo al almacenamiento de arroz en el segundo semestre de 2018. Con este mecanismo se retirarán del mercado hasta 400.000 toneladas del producto, las cuales equivalen a más de 2,1 meses de consumo nacional. Este volumen se liberará en 2019 cuando pase la cosecha y se reduzcan los inventarios.

Álvarez agregó que las disminuciones en las áreas sembradas de arroz son evidentes: el Meta, departamento que históricamente siembra alrededor de 75.000 hectáreas, actualmente posee 63.000 hectáreas sembradas; así mismo, ocurre con Casanare, productor número uno, pero con una destacable disminución de 175.000 hectáreas sembradas en el 2016 a 130.000 en el 2018.