SIC formula cargos a Tiendas ARA por presuntas fallas en cobros, precios y promociones

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Jerónimo Martins Colombia S.A.S., empresa propietaria de las Tiendas ARA, por presuntas vulneraciones a los derechos de los consumidores relacionadas con cobros electrónicos, información de precios, garantías, promociones y devoluciones de dinero.

La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor tras analizar más de 2.000 quejas presentadas por usuarios en diferentes regiones del país. Entre las situaciones investigadas figuran posibles cobros dobles o repetidos en transacciones electrónicas, especialmente a través de pagos con códigos QR.

Según la información oficial, entre febrero y julio de 2024 la entidad recibió 825 reclamaciones de consumidores que reportaron inconvenientes en este tipo de pagos. Asimismo, la SIC adelanta verificaciones sobre presuntas diferencias entre los precios exhibidos en los establecimientos y los valores cobrados en caja, situación que generó 1.363 quejas entre enero de 2024 y marzo de 2025.

La investigación también incluye la revisión de los bonos de recompra entregados a clientes que solicitaron garantías sobre productos adquiridos. De acuerdo con la autoridad, las condiciones para hacer uso de estos beneficios estarían disponibles únicamente en la página web de la compañía y no en los puntos de venta.

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Otro de los aspectos evaluados corresponde a posibles irregularidades en la entrega de vueltas y a presuntos cobros por conceptos de donaciones o redondeos sin la autorización previa de los consumidores.

Además, la Superintendencia analiza la información suministrada por la empresa en promociones, sorteos y actividades comerciales, con el fin de establecer si las condiciones de participación y entrega de premios fueron comunicadas de manera clara y suficiente a los clientes.

La SIC aclaró que la formulación de cargos no constituye una sanción y que la compañía podrá ejercer su derecho de defensa durante el proceso administrativo. La entidad reiteró que la protección de los consumidores es una prioridad para garantizar relaciones de consumo transparentes y equitativas.