Sin programación local: crece la preocupación por las Emisoras de Paz en los territorios

Aunque jurídicamente no está claro que el Gobierno pueda eliminarlas de manera directa, la posibilidad de modificar su orientación e, incluso, no renovar sus licencias cuando termine su periodo de funcionamiento mantiene la incertidumbre, especialmente en territorios como Meta y Guaviare.

Por Lina Herrera

Desde el pasado 18 de agosto, la programación de las Emisoras de Paz y de otras emisoras descentralizadas de Radio Nacional fue suspendida y reemplazada temporalmente por una programación musical y centralizada desde Bogotá.

La incertidumbre también se extiende a la Orinoquia, una región atravesada por el conflicto armado y donde las emisoras cumplen una función de conexión con comunidades apartadas.

En el caso del Meta, la emisora se encuentra en Mesetas e inició operaciones el 23 de febrero de 2022. Una fuente cercana al proceso indicó que se avanza en acciones judiciales interpuestas por diferentes personas y organizaciones sociales frente a las decisiones que afectan la programación. Sin embargo, por ahora se abstienen de entregar declaraciones públicas mientras esperan una respuesta oficial de Inravisión.

La situación mantiene en expectativa el futuro de las Emisoras de Paz también en Guaviare y Arauca, abriendo interrogantes sobre si la actual suspensión será una medida transitoria o el comienzo de una transformación más profunda en su funcionamiento.

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Creada para los territorios

El punto 6.5 del Acuerdo Final estableció la creación de 20 emisoras en FM, de interés público clase “C”, ubicadas en las zonas más afectadas por el conflicto y asignadas a Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).

Su propósito era hacer pedagogía sobre el Acuerdo e informar sobre sus avances, pero también abrir espacios para las comunidades de los territorios. El panorama cambia al llegar al término de los seis años de funcionamiento. El Acuerdo señala que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a partir de un concepto de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), “podrá prorrogar las licencias de interés público clase ‘C’ hasta por cuatro años más”.

Para Juan Esteban Ugarriza, investigador del Grupo de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, la redacción de ese punto es fundamental para entender la incertidumbre actual.

“Aquí la clave es que el Acuerdo dice que las licencias podrán prorrogarse. No es claro que sea una obligación prorrogarlas, en caso de que la CSIVI no tome una decisión al respecto”, explicó Ugarriza.

Es decir, la continuidad de las emisoras después del periodo inicialmente previsto no estaría planteada como automática.

El investigador considera que el Gobierno Nacional tiene margen para intervenir en la orientación y programación de las emisoras, pero advierte que las Emisoras de Paz tienen condiciones particulares por haber sido creadas en cumplimiento del Acuerdo Final.

“La ley colombiana le da al Gobierno margen para incidir en la programación y orientación de las emisoras. Ahora, en el caso específico de las Emisoras de Paz, hay limitantes en el sentido de que el Acuerdo exige el componente territorial y de participación”, señaló.

Por ello, según Ugarriza, cualquier modificación debería respetar los elementos que dieron origen a estas emisoras.

“Es decir, para cumplir con el Acuerdo, el Gobierno tendría que garantizar que cualquier modificación no impida el desarrollo de estos dos criterios”, agregó.

El investigador también advierte que una modificación que desconozca el espíritu o los compromisos del Acuerdo podría terminar en una controversia jurídica.

“Si el Gobierno no justifica los cambios en términos de que está haciendo cumplir de buena fe el Acuerdo, puede terminar enfrentado a la Corte Constitucional”, explicó y añadió que, la discusión de fondo será determinar hasta dónde llegará el Gobierno en las modificaciones y si mantendrá los criterios territoriales y participativos.

“La pregunta es si el Gobierno estaría dispuesto a explícitamente respetar estos criterios o no”, afirmó.

Organizaciones rechazan el cambio en la programación

La FLIP, la MOE y AMARC cuestionaron la decisión de suspender la programación regional y centralizar la emisión desde Bogotá. En su comunicado señalaron que la medida “desconoce la naturaleza de las Emisoras de Paz, que fueron creadas en cumplimiento del numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz”.

Las organizaciones recordaron que estos espacios no fueron concebidos como emisoras públicas convencionales, sino como herramientas para garantizar información y participación en territorios afectados por la guerra.

También advirtieron sobre las consecuencias que puede tener la ausencia de contenidos locales en regiones donde aún persisten situaciones de violencia.

“Sin programación local las comunidades no se pueden enterar de manera oportuna sobre hechos de orden público, enfrentamientos, desplazamientos, restricciones a la movilidad, emergencias y decisiones de las autoridades”, señalaron.

Por ello, cuestionaron que una programación exclusivamente musical y centralizada pueda reemplazar la función que cumplían estos espacios.

La Defensoría del Pueblo también pidió reevaluar la suspensión de la programación regional e informativa de las 20 Emisoras de Paz.

En su pronunciamiento, la entidad recordó que “las Emisoras de Paz no son emisoras públicas ordinarias” y destacó que fueron creadas en cumplimiento del punto 6.5 del Acuerdo Final.

Según la Defensoría, estas emisoras tienen como propósito “contribuir a la convivencia, la reconciliación, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la pedagogía sobre la implementación del Acuerdo” en los territorios más afectados por el conflicto.

La entidad reconoció que el nuevo Gobierno tiene facultades para revisar y ajustar la programación de los medios públicos, pero puso un límite frente a la naturaleza especial de las Emisoras de Paz.

Por esta razón, solicitó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a Inravisión “reevaluar de manera prioritaria la decisión y adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la programación de las veinte Emisoras de Paz”.