‘Sobre EMSA no se ha tomado ninguna decisión’: Ministro de Hacienda

El ministro, José Manuel Restrepo, llamó la atención por la baja ejecución del presupuesto en los últimos años de la empresa y, en contraste, las solicitudes de la Junta Directiva para aprobar adiciones presupuestales.

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De manera muy didáctica y concreta, el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó ante la Comisión Quinta del Senado la realidad sobre las versiones de la supuesta venta o privatización de la Electrificadora del Meta (EMSA).

El funcionario indicó, en primera medida, que aún no se ha tomado ninguna decisión de fondo sobre la enajenación o venta de acciones de la empresa y que en todo caso la decisión obedecerá a una optimización de la gestión social y una mejor atención al ciudadano, en busca de un retorno social de esos activos, tema en el que la EMSA parece ir perdiendo el año. De hecho, todos los participantes en el debate, incluso su gerente, admitieron el mal servicio que presta la empresa a los usuarios.

Además los parlamentarios, que han retomado el tema justamente por esta época previa electoral, no deberían sorprenderse pues, de acuerdo con el Ministro de Hacienda, en los últimos tres años se han explicado de manera formal al Congreso los planes de enajenación de las 103 empresas donde el Estado tiene participación.

“No hemos tomado ninguna decisión -insistió Restrepo-, pero este tema no es ajeno al Congreso porque en 2019, 2020 y 2021 lo hemos dicho: hay un compromiso del Gobierno para hacer evaluaciones periódicas a esos activos, buscando la realidad de la gestión pública y avanzar en valoración de activos estratégicos”, sostuvo el ministro de Hacienda.

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En este sentido Restrepo les ‘jaló las orejas’ a los directivos de la EMSA, porque han venido insistiendo en que se aprueben adiciones presupuestales, pero a junio de 2021 no se había ejecutado ni siquiera el 30% del presupuesto, mientras que entre los años 2019 y 2020 apenas mostraron ejecuciones cercanas al 39% y al 50% respectivamente.

“La ejecución del presupuesto creemos que es pobre de cara al sentido misional de la misma empresa.  Ha habido reiteradas solicitudes de adiciones presupuestales pero (su aprobación) debe estar precedido por una mejor ejecución de lo existente”, enfatizó el Ministro.

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Y añadió respecto a esa gestión de la electrificadora: “hay que hacer más esfuerzos para mejorar la infraestructura eléctrica en el marco de superar los indicadores de calidad y rentabilidad de proyectos de política pública que se ejecuten (…) además, seguir trabajando en la ejecución de más inversión para optimizar procesos de compra de energía”.

En todo caso, los planes de enajenación obedecerán al Conpes 3851 del año 2015, una política de Estado la cual define un manejo de participación estatal para fortalecer el rol del Gobierno Nacional como accionista y la promoción de las buenas prácticas en las entidades estatales para lograr eficiencia.

Respecto a la reclamación de la Gobernación del Meta por la supuesta deuda de 117.000 millones de pesos por inversiones realizadas en infraestructura eléctrica, el Ministro de Hacienda explicó que se necesita dar un primer paso y es el reconocimiento de la deuda por parte del Gobierno.

“Para ello se necesita una valoración, que se hace junto a la Electrificadora, de la existencia, justificación y valores reales de esos activos eléctricos construidos. Esto debe tener conceptos jurídicos y técnicos emitidos por autoridades competentes. Cumplidos estos pasos, ya se podría analizar esa valoración y eventualmente ver las formas de pago de la Nación al Departamento”, explicó Restrepo.

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‘Ganamos premio a la austeridad’  

Por su parte el gerente de la EMSA, Andrés Enrique Taboada, admitió, primero, que como empleado de la entidad, no puede discutir el futuro accionario de la empresa, que es una decisión de los socios y que su función es que sea eficiente y luchar para mejorar la calidad del servicio; y segundo, que sí se han tenido problemas en la ejecución del presupuesto.

“Las dificultades no nos excusan como administración pero se basan en hechos ciertos y fortuitos entre diciembre del 2020 y febrero de este año. Sin embargo, los estados financieros de la empresa respecto al 2020 han presentado una mejora significativa en la rentabilidad y en la forma en que usamos los recursos que tenemos”, dijo Taboada.

Agregó que por efectos de la pandemia, el cierre de comercio y el turismo hubo una disminución de ingresos por lo menos del 10% y una disminución fuerte de las utilidades, por lo que la Junta Directiva determinó un ajuste en inversiones, costos y gastos para el 2021. “Es una medida drástica pero la hemos venido cumpliendo, nos ganaríamos el premio a la austeridad”, aseguró el gerente.

Mal servicio

Taboada también admitió las críticas por el mal servicio y el deterioro en los índices de la calidad del servicio en lo cual se ha venido trabajando para mejorarlos, pero sostuvo que para el 2019 hubo un aumento de la demanda de energía en el Meta y la velocidad con la cual respondió la EMSA a ese desafío no estuvo en armonía.   

Indicó que aún no se cumple el objetivo en la frecuencia mínima de interrupciones del servicio que impone la Comisión de Regulación de Energía y Gas, aunque se han venido haciendo inversiones importantes.

Arnulfo Mendoza León, presidente del Sindicato de Trabajadores de la EMSA, explicó ante la comisión quinta del Senado que al privatizarse la empresa se dejan de recibir recursos que se dejarían de invertir en la región y serían asumidas por el inversionista para trasladarla a su empresa matriz o proyectos internacionales,

“La EMSA es una empresa sólida que ha logrado mantener el servicio de manera continua y eficiente en los diversos sectores residenciales, comerciales e industriales”, dijo el sindicalista.

La senadora citante, Maritza Martínez, quien expuso las realidades financieras de la empresa dijo que “vender a la EMSA no va a salvar al país, ni le aportará mayores recursos pero sí genera a la región una exposición social que no es conveniente”.

“Privatizarla (a la electrificadora) representa un valor reducido respecto a las finanzas de la Nación. No es una fuente importante pero en cambio sí genera un costo social”, explicó la senadora, al tiempo que insistió en la posibilidad de incrementar la participación accionaria de la Gobernación del Meta.

El valor accionario de la Nación en la EMSA es 150.000 millones de pesos que es, según Martínez, el 0,046% del total del Presupuesto General de la Nación y 0,1 % de sus ingresos corrientes, por lo que descartó que sea un bien estratégico.

El Gobernador, Juan Guillermo Zuluaga, puntualizó que la EMSA ha sido una empresa viable desde lo financiero que “infortunadamente ha sido mal manejada y prestado un mal servicio”.

“Hablamos como socio que tiene el 26% de las acciones: el gobierno no ha tomado la decisión de vender, pero sí hay la intención y aún así no nos han hablado de las pretensiones del gobierno. No quiero satanizar la posibilidad de venta, pero lo que produce molestia es que no exista claridad frente al futuro de la EMSA con un socio como es la Gobernación del Meta”.

Finalmente el mandatario aclaró que la inversión en obras eléctricas que cobra el ente territorial supera los 160.000 millones de pesos con lo cual se podría hacer un “cruce de cuentas” para que el departamento pueda asumir eventualmente un mayor porcentaje de acciones.